Tonterías

Cualquier profesional que trabaje en el espacio público canario –la actividad política, los medios de comunicación, la administración de justicia– sabe perfectamente que la principal regla que debe asumirse en cualquier circunstancia es que nunca pasa nada grave. Bueno, puede soplar una ligera brisa, caer un pequeño aguacero, sudar por un calor imprevisto, pero nada realmente preocupante. Disponemos de unas tragaderas invisibles pero gigantescas. Cualquier gruñido, por tímido que sea, merece la consideración de un germen insurreccional o, lo que es peor, una intolerable y personalísima grosería que –por supuesto– jamás será olvidada. Para que la cosa –el gruñido– no trascienda basta con guardar silencio al respecto y ponerle mala cara al gruñidor.

Yo, y discúlpenme el ejemplo, gruño un poco. A mí se me antoja relevante (verbigracia) saber lo que gana la presidenta del Parlamento de Canarias, que es la segunda autoridad política más importante del país, inmediatamente detrás del presidente del Gobierno autónomo. Estoy tan demente que creo intolerable que esa información se desconozca. Estoy tan tronado que me parece que ocultar esa información resulta insultante para la Cámara y para todos y cada uno de los canarios, es decir, de los sufridos contribuyentes. Y, sin embargo, gracias a las complicidades y silencios ese escandaloso y maloliente secretismo, indigno de cualquier democracia parlamentaria, se ve reducido a una suerte de capricho fuera de tono de un periodista. Si luego te enteras que además del sueldo, el complemento y las indemnizaciones o dietas (ocho, diez, doce mil euros mensuales) la susodicha presidenta dispone de gastos de representación vehiculados a través de una preciosa tarjetita que puede usar a placer, pues da igual: es otro gruñido intrascendente que no debe preocupar absolutamente a nadie.

Me ocurre algo similar –¿ya notan ustedes lo pejiguera que soy?– con la comisión de investigación sobre la compra de material sanitario por parte del Gobierno autonómico durante la pandemia de covid en el año 2020. Es una comisión que merece una novela, una novela entre gótica y policiaca con algunas notas pornográficas, pero que apenas circula, pequeña y silente como una gota de agua, por las páginas de los periódicos o los informativos de la radio y la tele. Uno de los primeros comparecientes, el año pasado, se dedicó a descalificar a una de las diputadas y a dos periodistas (sí, yo era uno de ellos) en los medios de comunicación. Es una comisión curiosa: los que en 2020 eran la oposición y ahora son la mayoría parlamentaria muestran moderación; los que en 2020 eran gobierno y ahora son minoría descalifican, insultan, desprecian, se ríen a carcajadas de los primeros.

Insisten hasta la náusea sobre una maravillosa gestión de la pandemia, como si la valoración de la gestión –que efectivamente fue positiva en un contexto de extraordinaria dificultad– fuera el objeto de la comisión. Subrayan una y otra vez que ningún socialista está sometido a investigación judicial, pero fueron socialistas los que designaron a aquellos que sí lo están, Conrado Domínguez y Ana María Pérez. No reconocen el principio de responsabilidad política, y si no lo reconocen, ¿qué hacen ahí sentados? No es otra cosa lo que se dirime. Pero ya lo dijo, precisamente, un exconsejero de Sanidad el otro día. Él se responsabilizaba de un subordinado que ha nombrado si se enteraba que había cometido una irregularidad, y si no, no.

Impresionante, aunque no tanto como ver a Román Rodríguez vacilándose, chuleándose, despreciando a los diputados con respuestas impertinentes y silencios intolerables y sacando el móvil y navegando por internet mientras se le hacían preguntas. Me gustaría saber qué ocurriría en el Senado o el Congreso si un exvicepresidente mostrara semejante zafiedad y burla. Aquí nada. Es que es así. Criaturita.

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