Opinión | El recorte
Prisioneros, pero sanos

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, durante el debate en el Congreso para convalidar el decreto sobre la reubicación de menores migrantes. / Fernando Sánchez / Europa Press
El ministro canario Torres, actuando como presidente retrospectivo de Canarias, se ha defendido del varapalo que le ha dado el Tribunal Constitucional con dos argumentos muy sólidos. El primero: gracias a lo que hizo su gobierno Canarias tuvo menos muertos que nadie. Y el segundo: acepta –como dice la Justicia– que lo que se hizo violentó las libertades, pero afirma que lo volvería a hacer porque salvó vidas.
Empezando por el final, es verdad que encerrar a la gente evitó contagios. De hecho si mañana el Gobierno de Canarias confinara a todo el mundo en sus casas se evitarían, por ejemplo, las víctimas del tráfico, los ahogamientos o los accidentes laborales. Se salvarían vidas. Aplicando esa pedestre lógica, lo más conveniente sería encerrar inmediatamente a todos los canarios. Para salvarles.
No creo que haya que gastar mucha tinta en determinar el alcance de esa estupidez. Lo que ha dicho el Tribunal Constitucional con algunas medidas que tomó el Gobierno de Canarias con la pandemia es decirle que se pasaron tres pueblos. Que limitaron inconstitucionalmente los derechos de los ciudadanos. Que los obligaron coactivamente a hacer cosas que atentan contra la libertad individual. Que no permitieron trabajar a quien no se vacunara, que indujeron a la gente a vacunarse, que prohibieron la libre circulación y el derecho de reunión. En fin, que actuaron como un estado totalitario, vulnerando las reglas más elementales de la democracia. Con la mejor voluntad del mundo, por supuesto.
El mismo Gobierno de España que despreció la amenaza del coronavirus –«solo habrá un caso o dos»– y que siguió permitiendo la celebración de actos multitudinarios solo unos pocos días antes de decretar el estado de alarma el 14 de marzo del 2020, entró en modo pánico sin solución de continuidad cuando el virus empezó a contagiar. Entonces las cañas se volvieron lanzas. Los políticos se disparataron, imponiendo medidas coactivas y creando el caos perfecto para que algunos sinvergüenzas dieran grandes pelotazos. Ordenaron a todo el mundo que se encerrara en sus casas y que la policía desalojara las calles. Paralizaron la economía productiva y generaron una de las mayores crisis económicas que hemos vivido en Europa. Un pan como unas tortas.
El ministro Torres, hablando como expresidente, ha vuelto presumir de que Canarias, gracias a la actuación de su Gobierno, tuvo menos muertos que nadie. No es verdad. Navarra, Baleares, Cantabria, La Rioja, Ceuta y Melilla tuvieron menos víctimas. Y realmente quienes más mérito tienen son las comunidades peninsulares porque los sistemas insulares y las ciudades autónomas están protegidos por su propia condición de territorios extracontinentales, donde es más difícil que el virus aterrizara con virulencia. Es cierto que Canarias tuvo la menor incidencia de mortalidad por cada millón de habitantes, como también lo es que el precio fue la libertad de desplazamiento de los ciudadanos, las coacciones para hacerse pruebas PCR y de antígenos antes de volar (el gran negocio que alguno hizo con Canarias) y la presión y las campañas para una vacunación de la que hoy se declaran todos irresponsables.
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