La terquedad

A veces, lo que marca la diferencia en política no es la ideología, ni el cargo que se desempeña, ni siquiera la elocuencia o la capacidad de gestionar con acierto. A veces lo que cuenta es la certeza de que tu trabajo cambiará las cosas. La terquedad útil: esa que no grita, no insulta, pero resiste e insiste, reitera, suma, afronta las dificultades y no se resigna al fracaso. La tozudez –incluso la obsesión- por defender lo que uno cree justo o necesario. La insistencia que se planta, una y otra vez, hasta que las cosas ocurren.

Si hay un tipo realmente terco, inasequible a la influencia del ruido, convencido de que la propia voluntad es la que determina que el esfuerzo sirva y funcione; alguien que de verdad merezca –hoy– que se reconozca su tesón, ese es sin duda Fernando Clavijo.

Ayer, el Congreso convalidó finalmente el real decreto ley que establece un sistema obligatorio –y en teoría equitativo– para el reparto regional de menores migrantes no acompañados. La aprobación, por 179 votos a favor y 171 en contra –entre ellos los de los diputados canarios de un PP completamente desnortado en este asunto–, no solo significa un paso decisivo, que probablemente no será por desgracia el último, para aliviar el colapso de la red de acogida en Canarias. Una red donde actualmente se hacinan, en algunos casos de forma vergonzosa, más de 5.800 menores. La convalidación es –también– la victoria de una idea que parecía imposible, que hace un año y medio nadie consideraba que pudiera materializarse: la idea de que el Estado asuma que los niños migrantes no son responsabilidad exclusiva de las regiones, sino un reto nacional, un compromiso político con la solidaridad entre personas y territorios, un esfuerzo común, que requiere del uso de políticas y recursos comunes del Estado y las comunidades autónomas. Lo que se votó ayer contribuirá sin duda a desatascar una situación infame, mejorará la atención que reciben miles de niños y jóvenes, y repartirá de una forma más correcta las cargas que provoca asumir la obligación de hacer frente a los problemas de la emigración.

Nada de eso habría sucedido sin la insistencia, persistente, intensa, obsesiva, del presidente Clavijo. Durante el último año y medio ha trabajado a pico y pala –aceptando el riesgo de ser acusado de desatender otros asuntos también de enorme importancia– para que la realidad insoportable que vive Canarias se tradujera en un cambio legislativo. Ha hecho lo que debía hacer un dirigente regional que se toma en serio su cometido: no aceptar el relato del desentendimiento, llevar la cuestión a la agenda estatal, hablar con todo el mundo, desde las autoridades europeas hasta el obispo de Roma, negociar con afines y adversarios, aceptar compromisos, incomodar, buscar acuerdos y alianzas con todos los grupos y partidos, y asumir los costes políticos de convertir un asunto muy poco popular –el trato que las sociedades desarrolladas deben dispensar a los menores no acompañados– en el eje de su política, y así todos los días desde que asumió la Presidencia del gobierno regional. Otros se resignaron a la pasividad o se escudaron durante meses detrás de excusas competenciales. Clavijo hizo este tiempo una política de verdad: esa política que no siempre brilla, pero sirve para construir un mundo más decente.

Es difícil suscribir todos los pasos dados para sortear un camino largo y plagado de obstáculos, rechazo e incomprensión. Basta recordar que una proposición de ley previa, impulsada por PSOE a sabiendas de que no prosperaría, fue rechazada en julio pasado. Que el apoyo actual ha sido posible solo tras una negociación de última hora con Junts, en la que se ha aceptado lo inaceptable. Que el PP, a pesar de la angustiosa petición de su líder canario, Manuel Domínguez, ha mantenido el no a la convalidación. Y que ocho comunidades autónomas gobernadas por la derecha anuncian recursos a esta solución apenas parcial ante el Constitucional. Pero nada de eso resta valor a un acuerdo que por primera vez reconoce legalmente la obligación de distribuir la acogida de menores migrantes entre todos, con criterios medibles y un calendario definido. Será la Conferencia Sectorial, el próximo 28 de abril, la que fije definitivamente los parámetros del reparto. Y si no se produce consenso, el Gobierno podrá imponerlos. Ya veremos si con objetividad o manteniendo la inquina hacia las regiones gobernadas por el adversario, y castigándolas con un reparto injusto.

Porque lo que se ha aprobado no es un sistema perfecto. Es fruto de un compromiso político basado en la estrafalaria matemática parlamentaria que define esta asirocada legislatura. Es cierto que los recursos comprometidos por el Estado son escasos, que faltan garantías y se mantiene inamovible la crispación. Pero esto es un comienzo. Nos demuestra que la política no necesita ni genios ni héroes ni caudillos. Solo precisa de gente que no se canse de defender lo que cree correcto.

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