Esto no ha terminado

El Gobierno Peninsular logró ayer ratificar en el Congreso el decreto con el que pretende repartir solidariamente por todo el Estado a los menores migrantes hacinados en Canarias. Lo sacó adelante con el voto en contra del PP y Vox. Y gracias a que el presidente de Canarias logró cerrar un acuerdo con Junts para que apoyara algo de lo que en principio no quería saber nada.

Pero lo de ayer no es el final. Desde el principio de esta crisis Moncloa podría haber repartido la tutela de los menores por toda Godilandia porque esto sigue siendo un Estado, aunque parezca una unión de repúblicas ibéricas independientes. Si no lo ha hecho es porque se trata de un asunto vidrioso. El PSOE quería escenificar y estimular la confrontación del PP con los radicales de Vox en muchas comunidades, cosa que logró. Además le venía estupendo poner a Feijoo entre la espada de Canarias y la pared de sus barones. Y así pasó que el problema se fue estirando en un debate inútil, como un chicle pegajoso e incómodo.

Todo eso ya pasó. No hay más excusas. El Gobierno Peninsular podría proceder desde ya al reparto de una parte de los menores migrantes no acompañados que se encuentran en Canarias. Pero habrá que seguir esperando. Moncloa quiere que la pastilla se la receten los propios enfermos. O sea, que los criterios de reparto se discutan en una Conferencia Sectorial de la Infancia y la Adolescencia que se celebrará a finales de este mes y que se prevé más tensa que la cuerda de un violín. El Gobierno, aunque con el aval del Congreso ya tenga el poder que alegaba que le faltaba, no quiere asumir el protagonismo de fijar unilateralmente cuántos menores entrega en tutela a las comunidades. Lo que, más o menos, sí hizo con los ucranianos refugiados.

Llevar la discusión de esa polémica cifra a un debate entre los propios territorios no es fruto de un ataque de democracia. Qué va. Los focos siguen encendidos y Moncloa pretende darle otra vuelta de tuerca a una medida que solo beneficia a Canarias, que incomoda a muchos territorios y que tiene que hacer a regañadientes. Pretende que se escenifique el lío y que algunos de los barones del PP se vuelvan a retratar en su terca oposición insolidaria a asumir una cuota de responsabilidad. Y supone echar la última gota de ácido, en algunas comunidades, entre el Vox y el PP.

Así pues, con la votación de ayer se ha cerrado un capítulo de excusas, pero sigue abierto el epílogo del problema. Es probable que aún veamos correr ríos de tinta con una polémica distribución en donde algunos territorios van a ser tratados de una manera sustancialmente distinta a otros. Es la España asimétrica que desde hace ya bastantes años viene funcionando en el terreno de la financiación, de las competencias y del diálogo político.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, aseguraba ayer que con el decreto aprobado «ahora toca cumplirlo». Y añadía: «pensemos en los menores, en los niños y en las niñas; no pensemos en la política de la mala política». Con el aval de una dilatada observación de esta charca de caimanes cabría pensar que el presidente de Canarias es un primavera. Pero no lo es.

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