Adiós a la inocencia

En España cada persona es juez y verdugo. Así que no es extraño que mucha gente precondenase a un futbolista brasileño llamado Daniel Alves antes de que la Justicia dictara su última sentencia. Y que una vez conocida ésta, al ser contraria a lo que esperaban, algunas políticas progres se hayan desmelenado descalificando a una «justicia machista» por anteponer la presunción de inocencia a la declaración de la denunciante.

Lo que defiende gente como Irene Montero, María Jesús Montero y otras monteros más, es el paroxismo del «hermana yo te creo» y el valor del testimonio de una denunciante como elemento suficiente para probar una acusación. Eso confiere un enorme poder al peso del relato en una supuesta agresión sexual. Pero en el caso de Alves, curiosamente, han sido las declaraciones de la denunciante, o sea, el valor de sus propias palabras, la base para desestimar la denuncia.

Porque en el caso Alves hay dos escenarios. El que grabaron unas cámaras y el recóndito de un baño donde nadie sabe lo que pasó. La declaración de la joven denunciante contando lo ocurrido donde hubo grabaciones resulta que no se sostiene a la vista de las imágenes visionadas por las tres juezas mujeres y el juez hombre que dictaron sentencia. Y esa es una contradicción que lleva al tribunal a estimar que si la denunciante altera la verdad en la parte de su declaración que se puede comprobar, hace poco fiable su versión de lo que ocurrió dentro de un baño donde no había cámaras y donde entró voluntariamente, por su propio pie, minutos después del acusado.

De acuerdo a las actuales leyes, la denuncia de una mujer sustentada en una declaración consistente, coherente y con apariencia de veracidad acaba con los huesos de un tipo en la cárcel. Lo que le pasó a Daniel Alves que estuvo catorce meses entre rejas. Cuando un tribunal se inclina por la absolución, estando el patio como está, es porque ni siquiera se ha podido apoyar en una declaración que presentaba demasiadas grietas.

El imposible jurídico que están defendiendo quienes pretenden representar a todo el feminismo y a todas las mujeres –no siendo así– es que una denunciante, desde el mismo momento en que realiza la denuncia, sea una víctima. O sea, dicho de otra manera: que una denuncia sea, de facto, una condena. Y eso no solo va contra la presunción de inocencia, sino contra el sentido común. Nos ahorraríamos un gasto en tribunales, pero el Estado de derecho acabaría demolido.

La diferencia entre una democracia de ciudadanos libres e iguales y un régimen de terror no es otra cosa que la Justicia, los derechos que comporta y la presunción de inocencia. Las políticas populistas que descalifican hoy a los jueces y juezas porque no están de acuerdo con esta sentencia son iguales a quienes les intentan intimidar porque persiguen sus actividades delictivas y chanchullos. Parece que existe una querencia por volver a esa época oscura en que bastaba una acusación, una palabra o una denuncia, para que alguien acabara con un tiro en la cabeza en una cuneta. Antes eran los fascistas los que apretaban el gatillo. Hoy quieren serlo algunas extremistas. Pues nada; a por ello, compañeras.

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