Tránsfugas a la carta

Como mejor respuesta a la existencia de una disidencia interna cada día más evidente y ruidosa, Nueva Canarias ha pedido a sus afiliados críticos que renuncien a sus actas como concejales y a seguir militando en el partido, abandonando la representación y cualquier cargo orgánico. La instrucción, procedente de la secretaría de organización, que ocupa desde tiempos inmemoriales Carmelo Ramírez, va dirigida fundamentalmente a quienes han decidido apoyar la creación del nuevo partido promovido por Teo Sosa y Óscar Hernández.

Se trata de una petición con trampa: Carmelo Ramírez tiene derecho a exigir que los cargos orgánicos que hayan decidido apoyar el proceso de creación de un nuevo partido abandonen Nueva Canarias. Parece legítima esa posición. Pero no lo es en absoluto que renuncien a sus cargos, so pena de aplicarles el sambenito de tránsfugas y macharlos con los castigos que esa definición lleva aparejada. No son tránsfugas, pero incluso si por algún resquicio legal lo fueran, lo serían exactamente en la misma medida en que lo habrían sido los militantes de Ican que abandonaron Coalición para seguir a Román Rodríguez en 2005. Nadie pensó entonces que se tratara de algo distinto a militantes descontentos con la decisión de Coalición de proponer a Adán Martín en sustitución de Román. Y antes de que aquella fue una decisión colegiada, adoptada por la mayoría de los afiliados grancanarios de Ican, conviene recordar que también ahora ocurre lo mismo: los que han abandonado Nueva Canarias son miembros de partidos locales, que concurrieron con sus siglas a las elecciones, bajo el paraguas de Nueva Canarias. Lo que valía entonces debería valer igual ahora. La exigencia de que renuncien a sus argos municipales, no cuela.

Es cierto que en eso de retorcer las palabras, pocos conceptos han sido tan moldeados al antojo de los partidos como el de ‘tránsfuga’. Originalmente, y hasta hace no tanto, el término aludía a ese ejemplar poco recomendable de la fauna política que, seducido por los cantos de sirena de otro partido, o por la promesa de alguna prebenda, cambiaba de chaqueta y facilitaba con su traición un vuelco en las mayorías institucionales. Como los tiempos cambian y la creatividad de nuestros políticos no conoce límites, hoy, tránsfuga es el epíteto que se asigna a cualquier cargo electo que ose disentir de la línea oficial de su partido. Ya no es necesario abandonarlo –los seguidores de Teo y el resto de los alcaldes siguen en sus partidos locales- ni pasar a militar en una formación diferente a aquella por la que fueron elegidos, ni vender el voto por un plato de lentejas: basta con tener criterio propio y ejercerlo.

La crisis desatada por el anuncio de que los críticos a Román van a crear otro partido es un ejemplo de manual. Se pretende marcar a los disidentes con el estigma del transfuguismo, aunque sigan donde siempre. Su pecado es tener criterio propio, un derecho que, por lo visto, ya no corresponde a los representantes elegidos, sino a las cúpulas partidarias. Nueva Canarias intenta hacer con sus ‘nuevos tránsfugas’ algo parecido a lo que se hizo con Vidina Espino en la pasada legislatura, cuando Román decidió aplicarle una reinterpretación muy creativa del concepto. Espino se presentó por Ciudadanos, pero cuando su partido implosionó y decidió hacer la vida imposible a sus cargos públicos, optó por mantenerse fiel a su compromiso con los votantes y actuar con independencia. Inmediatamente, se activó el protocolo de excomunión: fue declarada tránsfuga de manual, aunque no se incorporó a ningún otro partido ni negoció sillones a escondidas. Una tras otra, instancias judiciales, parlamentarias, y hasta el Consejo Consultivo, dieron la razón a Espino. Eso no impidió que los medios afines al Gobierno la acusaran sistemáticamente de transfuguismo e incluso de seguir en el cargo para controlar los dineros del Grupo Mixto. En toda la historia del Parlamento, el suyo es el único caso en el que una portavoz de un grupo devuelve al Tesoro Público 400.000 euros no gastados. El intento de asesinato civil de la diputada –resultaba muy incómoda a Román como portavoz del Grupo Mixto-, se mantuvo en los medios más serviles durante toda la legislatura. Curiosamente, otro caso de abandono temprano, el de la también diputada Sandra Domínguez, que dejó Nueva Canarias, no tuvo repercusión ninguna. Abandonó a Román, pero apoyó en la mayoría de las votaciones al PSOE, y nadie le dio la lata con acusaciones de tránsfuga.

Al final, el concepto de «tránsfuga» se ha convertido en una herramienta política que blinda a las direcciones de los partidos contra la disidencia interna. En este juego de etiquetas a conveniencia, la democracia se convierte en una caricatura donde los votos cuentan solo si coinciden con la voluntad o el criterio de los jefes. Por eso debe quedar claro que lo que han iniciado los alcaldes grancanarios no es una operación de tránsfugas. Han hecho exactamente lo mismo que hizo Román veinte años atrás.

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