Enseñar quién manda

Poco duran las alegrías en la casa del pobre. El martes se conocía el auto del Tribunal Supremo que imponía medidas cautelares por las que instaba al Gobierno central a hacerse caso de los menores migrantes que estén tramitando peticiones de asilo. Entendía el alto tribunal que la gestión de esas solicitudes, y la tutela de los solicitantes en tanto que se resolvieran los expedientes, corresponde (obviamente) a la administración del Estado. Cada vez que aparezca un denodado portavoz socialista papagayeando sobre los desdichados menores migrantes con las que urge toda la solidaridad recuerda que el Gobierno de Pedro Sánchez se negó a gestionar debidamente las solicitudes de asilo a cientos de niños y adolescentes. Recuérdalo bien y recuérdaselo a otros.

Mientras los socialistas isleños callaban cipayamente, esperando los argumentarios de Ferraz, todos eran felicitaciones y albricias, hasta que llegó la siguiente zancadilla. El mismo día en que se conocía la decisión del Tribunal Supremo la policía de Extranjería de la provincia de Santa Cruz de Tenerife comunicó a la Consejería de Bienestar Social del Gobierno de Canarias que no celebraría entrevistas ni ningún acto administrativo a menores solicitantes de asilo durante el mes de abril. Los afectados son 635 menores. De los casi 5.800 menores tutelados por el Gobierno autónomo son apenas 539 los que están en situación técnico-administrativa para ser considerados legalmente asilados en España.

Desde hace casi 48 horas, desde el Gobierno autonómico y los medios de comunicación de las islas se está intentando hablar con el delegado del Gobierno central en Canarias, Anselmo Pestana, sin que sea posible. En un capítulo magnífico de la serie Seinfeld, George Costanza, personaje abominable por excelencia, contrata a un carpintero para que le haga secretamente una cama bajo su mesa de trabajo; Pestana es nuestro Costanza: en cuanto hay problemas con los migrantes desaparece bajo la mesa hasta que escampe mientras (siempre presuntamente) se hincha de marquesotes.

La decisión –sin mayores o menores explicaciones tampoco– de la policía de fronteras, por decirlo delicadamente, apesta. El Gobierno de Pedro Sánchez, como todos los gobiernos, tiene una relación porosa con las demandas que más le preocupan entre las que deliberan las salas del Supremo. Es decir, que a través de canales informales, los gobiernos suelen tener noticias previas sobre el sentido de sentencias y autos a punto de emitirse. Creer en las coincidencias es una forma peligrosa de hacer el estúpido, tanto en la política como en los tribunales. Alguien dio la orden a la policía de Extranjería para paralizar sine die las solicitudes de asilo y neutralizar así –siquiera momentáneamente– la aplicación de las medidas cautelares dictadas por el Supremo. Ahora no queda más remedio que remitir al tribunal la comunicación policial. El asunto puede llevar semanas o meses, quizás el tiempo suficiente para trasladar los menores –incluso los que quieren asilarse– a otras comunidades autónomas, y vuelta a empezar. Desde el principio de todo este denso y accidentado proceso liderado por el presidente Fernando Clavijo un servidor ha sospechado que desde el Gobierno español jamás les ha gustado ceder ni un centímetro en el traslado de menores migrantes ni en responsabilizarse de los solicitantes de asilo. Durante casi un año se intentó, de todas las maneras imaginables, demostrar al Gobierno canario quién manda. Solo la perseverancia, el afán de consenso y la inteligencia táctica de las autoridades canarias llevaron a la modificación de la ley de Extranjería; al PSOE le quedó el placer no menor de descalificar al PP como a una patulea de xenófobos. Pero el principio general sigue siendo el mismo en los ministerios: aquí lo prioritario es enseñar quién manda. Al menos que cuentes con cinco, seis o siete diputados, por supuesto.

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