Otra amenaza

En la novela Opiniones de un payaso, el protagonista, un perdedor desahuciado por la lucidez del desamor, confiesa sencillamente: «nunca he entendido por felicidad algo que dure más de un par de minutos». En la política ocurre lo mismo. No hay finales felices, sino escollos que se sortean con más o menos pericia. En un par de semanas se votará la reforma de la Ley de Extranjería después de año y medio de un esfuerzo encabezado e impulsado por el Gobierno de Canarias y su presidente. Bien. Hace cuarenta y ocho horas el Tribunal Supremo, en respuesta de una denuncia del Ejecutivo regional, ha establecido como medida cautelar que todos los menores migrantes no acompañados que han solicitado asilo político en España deben ser acogidos y atendidos directamente por el Gobierno central. El ministro Ángel Víctor Torres comentó ayer que el gabinete «está estudiando» el auto del Supremo. Es algo raro, porque al margen de decidir llevarlo o no al Constitucional, lo que corresponde al Gobierno español es aplicar las medidas cautelares dictadas. Pero bien. Pero en cualquier lugar anida la próxima putadita, con perdón, y el nuevo disgusto nos espera en el proyecto de reforma de la ley de Enjuiciamiento Civil.

El proyecto de reforma se dirige, precisamente, a los menores migrantes, añadiendo varios artículos. La determinación positiva de la edad de los menores migrantes no acompañados «recae en los juzgados de primera instancia especializados en asuntos de familia, o, de no existir especialización, en el juzgado de primera instancia que por turno corresponda, del lugar donde se encuentra la entidad pública de protección de menores, salvo que se refiera a una persona que se encontrase detenida por presuntos delitos, en cuyo caso la competencia recaerá en los juzgados de menores». Los legisladores, en resumen, pretenden judicializar el proceso para determinar la edad de los inmigrantes, lo que significará más garantías para los menores, sin duda, pero se sigue limitando las pruebas periciales a análisis óseos y odontológicos, por más que admita «la conveniencia» de introducir un enfoque multidisciplinar.

Ahora pasemos de la voluntad legislativa a la realidad material. La mayor parte de los menores migrantes entran a Canarias por El Hierro. Y en El Hierro, como es bien sabido, no hay juzgado de menores. La isla solo cuenta con un juzgado de primera instancia e instrucción, que sería competente, cuando se promulgue la reforma de la ley de Enjuiciamiento Civil, de determinar la edad de los niños adolescentes que lleguen en cayuco (porque seguirán llegando). El juzgado de instrucción de Valverde no anda precisamente escaso de trabajo ni dispone de personal ilimitado. ¿Quién ha reparado en este dislate? Obviamente la Agrupación Herreña Independiente y, a través suya, Coalición Canaria. Estoy razonablemente convencido de que si dispusiera de diputados Nueva Canarias también lo hubiera apreciado. Pero los diputados socialistas canarios no. No han abierto la boca. Tampoco, ciertamente, los del Partido Popular, más preocupados tal vez por Begoña Gómez que por el impacto en sus circunscripciones de las iniciativas legislativas de Gobierno. Imagino que Cristina Valido en el Congreso de los Diputados y Javier Armas en el Senado harán algo y que Nieves Lady Barreto, consejera de Presidencia, Justicia y Seguridad, no se quedará ni quieta ni callada al respecto.

Después de tres (3) años Canarias no dispone en plenitud de las competencias en materia de costas y el Gobierno autónomo se ha resignado a llevarlo al Constitucional. Hay que arrancarles competencias, pasta, excepciones y exenciones como quien arranca una pútrida muela metropolitana. A ver si se consigue, al menos, que no colapsen el único juzgado que tiene El Hierro.

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