Entre acuerdos y desacuerdos... miles de infancias robadas

Moussa tenía 15 años cuando llegó a España, 14 cuando salió de su pueblo natal en Guinea Conakry. Se suponía que iba a ser un viaje relativamente fácil, pero más tarde se daría cuenta de que no todas las personas que parecían querer ayudarle eran de fiar. Aunque prefiere no pensar en esos meses, todavía recuerda los sobornos recurrentes, la paliza que le dieron para robarle los pocos francos que su madre le había dado, o la noche en que una de las mujeres que viajaba en el mismo grupo, Ava, fue forzada a pagar con su cuerpo para que les dejasen cruzar la frontera. A esto se suma los días de incertidumbre y de miedo en la patera, rodeado de agua, sin saber si alguna vez llegaría a pisar tierra firme.

Moussa fue rescatado por Salvamento Marítimo después de que su embarcación se quedara sin combustible en medio del mar. Al principio, todo fue muy rápido, aunque tenía dificultades para entender las preguntas que le hacían, ya que nadie hablaba malinké. Un policía anotó su nombre, su fecha y lugar de nacimiento y le tomó las huellas dactilares. Posteriormente fue trasladado a un centro de protección junto a otros dos chicos que llegaron en el mismo bote.

Han pasado nueve meses desde entonces y algunos compañeros de litera han cambiado; han llegado nuevos y los que han alcanzado la mayoría de edad han tenido que dejar el centro el día de su 18 cumpleaños. A pesar de preguntar a diario a las educadoras, Moussa no sabe cuánto tiempo más tendrá que permanecer en ese centro que más bien parece un limbo. Después de todo lo que ha pasado para llegar hasta allí, le desespera pasar horas en un banco frente al centro o dando vueltas por la ciudad después de las clases de español. Cuando sale del centro intenta hacerlo junto a dos o tres compañeros, ya que no le da seguridad moverse solo. Está impaciente por empezar a trabajar y poder enviarle dinero a su madre y sus hermanas. Ha solicitado hacer un curso, como ha oído que otros han hecho, pero le han explicado que, debido a la saturación que hay, es muy difícil acceder a esas oportunidades.

Como muchos otros “menores extranjeros no acompañados”, Moussa se enfrenta a la dura realidad de un sistema de protección ineficiente y fragmentado. Miles de niños, niñas y adolescentes llegan a Europa cada año. España, y especialmente Canarias, está siendo testigo de ello. Estos chicos y chicas, principalmente provenientes del continente africano, llegan sin sus familiares, habiéndose enfrentado demasiado pronto a la responsabilidad y al riesgo de migrar solos. Muchos de ellos vienen huyendo de situaciones de conflicto, violencia o abandono. Todos, con la ilusión de trabajar y tener una vida digna. Y, si bien las cifras son noticia periódicamente, la atención mediática rara vez se centra en sus historias personales, en su derecho a recibir atención y protección o en cómo contribuyen al crecimiento económico y demográfico de un país envejecido.

Desde 2022, el número de niños y niñas que llegan a España por vía marítima ha visto un nuevo repunte y, en algunos casos, las cifras se han duplicado. Este fenómeno es el reflejo de una necesidad humanitaria global que no puede resolverse únicamente a través de medidas políticas reactivas ni de manera aislada. Es imprescindible trabajar desde un enfoque estructural y coordinado para garantizar que los derechos de la infancia que llega a nuestro país sean plenamente respetados.

La responsabilidad de acoger, proteger y favorecer una inclusión efectiva de estos chicos y chicas están compartidas entre el Estado y las Comunidades Autónomas, lo que requiere una coordinación efectiva. Sin embargo, el sistema actual no está preparado para enfrentar la realidad que deviene de ser frontera sur de Europa. La forma en la que se está gestionando la acogida de la infancia y la adolescencia migrante en España es insostenible en su forma actual. La falta de recursos adaptados, así como la carencia de un modelo integral y coordinado, están obstruyendo la posibilidad de que los niños y niñas como Moussa tengan la oportunidad de reconstruir sus vidas en un entorno seguro y digno. Parece que, entre debates, bulos y cifras, olvidamos que tienen derechos, así como mucho que ofrecer, social y económicamente.

Son urgentes cambios estructurales, sostenibles y coordinados orientados a garantizar la protección y la inclusión de estos niños, niñas y adolescentes: planes de contingencia que activen en el momento oportuno los recursos necesarios para atender las necesidades de unos flujos migratorios fluctuantes; protocolos para la detección temprana de necesidades y vulnerabilidades; un sistema de traslados eficaz que priorice los derechos fundamentales por encima de enfrentamientos políticos; programas eficientes de inclusión laboral y social, incluso una vez cumplidos los 18 años; y, por supuesto, escucharles durante cada etapa del proceso.

Esperamos que el Real Decreto-Ley, recién aprobado por el Consejo de Ministros, empiece a abandonar portadas sensacionalistas y comience a dar solución a una situación a todas luces injusta. Es vital que se clarifiquen los términos en los que se realizarán dichos traslados y que se ponga en marcha el Plan de respuesta solidaria con un fondo específico para las comunidades acogedoras. Y aunque su aprobación sea en términos de excepcionalidad (lo que conlleva la posibilidad de ser revertida), y quede un largo camino por recorrer en términos de coordinación y cooperación entre las distintas administraciones, deseamos que sea el primer paso para un acuerdo que reforme el sistema y lo ponga a la altura de las necesidades y derechos de todos los y las Moussas que llegan cargados de sueños e ilusiones y con tanto que ofrecer.