Año y medio (y lo que queda)

Han tenido que pasar 18 meses, miles de menores desbordando el sistema de acogida canario y un sinfín de discursos huecos para que el Estado reaccione. La modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería, aprobada el martes vía decreto ley, no es un ejemplo de buena política. Es, más bien, la prueba de cómo PSOE y PP han supeditado a su guerra partidista cualquier intento serio de afrontar la crisis migratoria. Solo cuando el bloqueo ya era insostenible, han decidido mover ficha. Tarde. Y mal. Lo que hace 18 meses se tachaba de «inviable» e «inseguro», hoy se justifica como la solución urgente que reclama la emergencia humanitaria. El mismo Gobierno que descartaba el decreto ley por su supuesta debilidad jurídica, lo desempolva ahora como si fuera la única vía posible. Un cambio de criterio que no responde a la solidaridad o el sentido de Estado, sino a la presión sostenida desde Canarias y al agotamiento de estrategias políticas que se han demostrado inútiles.

Mientras el PSOE ganaba tiempo mareando la perdiz en la vía parlamentaria, el PP se dedicaba a bloquear cualquier avance. Durante meses, la confrontación estéril entre los dos principales partidos del país ha dejado a Canarias sola, gestionando una crisis humanitaria de proporciones catastróficas, sin el respaldo del Estado. Más de 5.800 menores migrantes bajo tutela regional, sin recursos suficientes, mal atendidos mientras en Madrid se cruzaban acusaciones y culpas.

Clavijo se ha afirmado como un político decente, ocupándose de lo importante y ejerciendo de negociador, redactor de propuestas, diplomático y hasta terapeuta, sin dejar nunca de tocar en todas las puertas. En la del Gobierno central, las de los grupos parlamentarios, la de Bruselas, la del Rey, la del Obispo de Roma. Ha sido incansable, mientras los grandes partidos nacionales jugaban a la propaganda y el desgaste del otro, en los meandros de una política estatal incapaz de elevarse por encima del cálculo electoral. La propuesta de reforma de los servicios jurídicos de Canarias fue presentada por Clavijo en enero de 2024. Ya se planteaba el recurso al decreto ley para hacer obligatorio el reparto. Entonces el Gobierno Sánchez despreció la propuesta. Pero meses después ha tenido que rectificar y aprobar exactamente lo mismo que había rechazado desde el minuto uno. Los mismos que ayer bloquearon la reforma ahora se ponen medallas. Los que miraban para otro lado se reparten el mérito. Y los que decían que era imposible un acuerdo, hoy nos lo venden como un triunfo histórico fruto de sus desvelos. Qué menos que cierto pudor.

Pero la dificultad del acuerdo no se explica solo por el enfrentamiento ritual entre los dos grandes partidos. El chantaje de Vox al PP en las comunidades donde gobiernan juntos ha sido determinante para un cambio de criterio desolador: la negativa de Castilla-León y de Aragón a participar en el reparto de los menores, el reciente rechazo de la Comunidad Valenciana a la acogida de niños migrantes, después de que Vox se opusiera frontalmente en Les Corts y exigiera «mano dura» frente a la inmigración, o la amenaza de Ayuso de iniciar la rebelión de los barones autonómicos del PP contra la legalidad... Esta es la foto: al final, El PP ha preferido someterse al discurso xenófobo de sus socios.

En Castilla y León, un vicepresidente llegó a decir que la región no aceptaría «ni un solo menor», que era necesario repatriarlos. El presidente Mañueco, del PP, agachó la cabeza y miró para otro lado. En Aragón, el ejecutivo de Azcón, sostenido por Vox, se ha alineado con la ultraderecha, negándose a cumplir con los acuerdos de reparto aprobados por la Conferencia Sectorial de Infancia. Y suma y sigue en Valencia, en Madrid, por todas partes… donde Vox hace falta, el PP se deja mandar. Y donde el PP gobierna solo, Vox marca el paso. Feijóo ha aceptado seguir siendo prisionero de sus contradicciones, antes que sumarse a un acuerdo limpio y moral que –seguro– le habría costado romper su alianza con la ultraderecha.

En fin, Canarias ha apostado por la unidad y ha ganado tiempo y algo de oxígeno. Pero la experiencia de estos meses es demoledora: hemos tenido que demostrar que el reparto de los menores migrantes no es una concesión ni un favor, sino una obligación del Estado. Y lo que ha pasado hasta ahora es la demostración de que la buena política sigue siendo rehén de la bronca partidista y la cobardía. Y que nadie se engañe: lo aprobado es solo el principio. Queda mucho por recorrer para que el reparto se materialice. Las palabras del ministro Torres pidiendo que no se aplique el decreto hasta que sea convalidado resultan francamente sospechosas. Y habrá que ver qué comunidades cumplen y cuáles se resisten al reparto. Y si los recursos prometidos llegan. Y, sobre todo, habrá que ver si las palabras grandilocuentes de estos días se traducen finalmente en hechos.

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