A cumplir la ley

El acuerdo para el reparto de los menores inmigrantes es un avance importante, aunque tardío. La solidaridad interterritorial se declama mucho, pero se practica poco. La responsabilidad de acoger a miles de niños y adolescentes que llegan a nuestras costas se le ha endosado al Archipiélago, mientras el Estado miraba hacia otro lado y el resto de las comunidades alegaban falta de medios para justificar su inacción. El acuerdo debería haberse cerrado hace tiempo: un año atrás, Clavijo planteó la necesidad de un mecanismo de reparto obligatorio para no dejar a Canarias sola en la gestión de los menores. Entonces, el Gobierno central respondió que no era posible.

Ahora sí lo ha sido. ¿Qué ha cambiado? La presión ha sido la misma, la necesidad era evidente. Sin el esfuerzo, el tesón y el desgaste personal de Clavijo, este asunto seguiría en un cajón de Moncloa, con Torres entregado a justificar el bloqueo. Ni el PSOE ni el PP han demostrado genuina preocupación por resolver el problema. Y lo más sangrante es que este resultado podía haberse alcanzado hace un año, cuando Clavijo lo pidió por primera vez y se le cerraron todas las puertas, provocando un retraso incomprensible que ha obligado a Canarias a soportar en solitario un problema que es del Estado.

El texto aprobado es un importante paso adelante, sí, pero con incógnitas. No se concretan los cupos ni se define con claridad cómo se van a garantizar los traslados y la acogida. La solidaridad es a veces un eufemismo para el desentendimiento: sin obligación legal y recursos adecuados, se corre el riesgo de que el acuerdo se quede en el papel. La inmigración necesita soluciones estructurales, no parches coyunturales. Mientras el fenómeno migratorio continúe, mientras Europa y el Gobierno Sánchez sigan sin asumir sus responsabilidades, será Canarias quien tenga que dar respuesta a una crisis que ha logrado desbordar nuestras competencias y recursos.

Por eso no puede dejarse de señalar lo evidente: el acuerdo llega tarde, llega incompleto y llega gracias al empeño de quienes, desde Canarias, no han dejado de exigir lo que es justo. ¿La lección? En política las soluciones no caen del cielo, hay que pelearlas. Y, en este caso, Clavijo ha peleado él sólo. Después de más de un año de bloqueo político, cambios de criterio y una instrumentalización vergonzosa de la situación de emergencia que viven las islas, Clavijo ha logrado que el Estado asuma un problema que es, como ha recordado el Constitucional, de dimensión nacional y no solo de las regiones frontera.

El decreto-ley modifica el artículo 35 de la Ley de Extranjería y establece un mecanismo reglado y obligatorio para distribuir a los menores migrantes desde los territorios que superen tres veces su capacidad de acogida, como es el caso de Canarias y Ceuta. La reforma cuenta con el aval de Junts para su convalidación parlamentaria, y permite aliviar la presión sobre un sistema desbordado: más de 5.800 menores acogidos en 86 centros, muchos de ellos triplicando con creces las plazas recomendadas. La norma fija un fondo de cien millones para sufragar el traslado y atención de los 4.400 menores que serán reubicados este año. Madrid deberá asumir al menos 700 nuevas acogidas, mientras Cataluña recibirá entre 20 y 30, en función del esfuerzo acumulado en años anteriores, lo que alienta la crítica sobre un trato de favor.

Entre la volatilidad del PP, atrapado entre el compromiso institucional y su dependencia política de Vox en las autonomías, y las maniobras de desgaste de un PSOE que durante meses ha jugado al doble discurso, Clavijo ha logrado mantener el rumbo.

La actuación humanitaria y responsable del archipiélago ha desnudado las incoherencias de los patriotas que han elegido abandonar a su suerte a un territorio desbordado por la emergencia migratoria. La paradoja es evidente: el PP gobierna en Canarias junto a Clavijo, pero se ha opuesto a la solución que Canarias necesita. Es verdad que Manuel Domínguez, pepero y vicepresidente del Gobierno, ha rechazado la presión de su dirección, pero el PP mantiene una actitud que roza lo esperpéntico: no acepta el reparto obligatorio, pero dice que «cumplirá la ley»; no cuestiona la capacidad legislativa del Gobierno, pero critica el partidismo del acuerdo; habla de incapacidad, pero no aporta soluciones ni muestra voluntad de colaborar.

Díaz Ayuso ya ha anunciado que recurrirá el decreto ante los tribunales y la UE, mientras el valenciano Mazón se niega a recibir migrantes tras su acuerdo presupuestario con Vox. A ver cómo lo hacen. Porque esto ya es ley, y probablemente será convalidada en el Congreso. Clavijo ha sido claro: «Si algún territorio quiere recurrir la ley, que lo haga, pero, mientras tanto, tiene que cumplir». Pues eso: a cumplir la ley.

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