A Mazón le ahogan los migrantes

Finalmente el Gobierno central saldrá del atolladero de la distribución territorial de parte de los menores no acompañados que acoge Canarias a través de un decreto ley, tal y como había sugerido repetidamente el Ejecutivo autonómico. La negativa de las comunidades autonómicas gobernadas por el Partido Popular se ha visto reforzada y hasta bendecida por una circunstancia inopinada. Carlos Mazón, que más allá de cualquier sentido de la decencia sigue siendo el presidente de la Comunidad Valenciana, ha firmado un acuerdo con Vox para sacar adelante sus presupuestos generales, y entre otras vomitivas lindezas los ultras han exigido que en Valencia no entre un inmigrante más, incluidos, por supuesto, los menores migrantes no acompañados. Y, qué sorpresa, Mazón lo ha admitido instantáneamente.

Después ha cogido el micrófono y se ha portado como todo un hombre: «Valencia no admitirá más repartos de la inmigración ilegal que promociona Pedro Sánchez, no lo admitiremos en ningún caso y no flaquearemos ante ningún chantaje». Es muy divertido escuchar a un patético mamarracho que ha huido sistemáticamente de sus responsabilidades políticas por la catástrofe de la dana del 29 de octubre presentarse ahora como un Gary Cooper inflexible ante la injusticia y capaz de cualquier sacrificio –incluido quizás no almorzar más en El Ventorro– para defender a los valencianos. Canarias, con 5.800 menores a su cargo, tiene 7.492 kilómetros cuadrados; la Comunidad valenciana se extiende por 23.255 kilómetros cuadrados y acoge a 500.

La dirección del PP, con Alberto Núñez Feijoo a la cabeza, debió pedirle la dimisión a Mazón nada más terminar el recuento de víctimas. Pero, a pesar de todas sus críticas, incluso las justificadas, el PP aplica el mismo enfermizo patriotismo de partido que el PSOE. Mazón fue investido como presidente de la Generalitat con los votos de Vox en julio de 2023, pero las buenas relaciones acabaron cuando Santiago Abascal ordenó a su gente salir de todos los gobiernos autonómicos que compartían con los conservadores y suspender las relaciones con el PP. Aprovechando ahora la extrema debilidad de Mazón los ultras le ofrecen un pacto presupuestario que el arrugado president ha aceptado con los ojos cerrados. Está convencido –y no le falta razón– que el acuerdo y la estabilidad parlamentaria recuperada lo blindan ante cualquier tentación liquidacionista de Núñez Feijóo.

Ya es inútil insistir en la actitud del PP, en esa combinación despreciable de insolidaridad mezquina y racismo mal perfumado que siempre han mantenido en este asunto. Tan inútil como advertirles que cuanto más intenten parecerse a Vox más débil –y por tanto insuficiente– será su subida electoral, porque los electores, intuitivamente, siempre prefieren quedarse con el original monstruoso que con la copia mendigante. Así que se vuelve a la casilla de salida donde ha esperado Junts per Catalunya durante largo tiempo.

El Consejo de Ministros emitirá el decreto ley, pero en un plazo de treinta días deberá ser convalidado por la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados, y los siete votos de la derecha independentista catalana serán entonces, de nuevo, decisivos. Están dispuestos a dar el paso si Cataluña –Tierra Santa próximamente libre de infieles– queda exenta del reparto. La reclamación del Gobierno de Canarias está sirviendo, al menos, para arrojar luz sobre el grado de desarticulación de las estructuras político-territoriales del Estado español, la degradación del principio de solidaridad institucional y el imperio de la polarización y la exclusión mutua de las dos grandes fuerzas políticas del país en cuestiones estratégicas: la defensa, la financiación autonómica, la educación o la política migratoria, entre otras varias. Demasiadas.

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