Un pacto para la crisis

El pleno celebrado esta semana en el Parlamento de Canarias se me antoja preocupante. Es evidente que la mayoría de los diputados no saben dónde nos estamos metiendo y que los grupos parlamentarios no creen imprescindible modificar sus estrategias en lo más mínimo. Es una proyección de lo que ocurre en las Cortes españoles, a las que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, todavía no ha acudido para explicar los debates que ha mantenido con otras potencias europeas y su propia posición sobre el rearme que viene y su financiamiento. Por supuesto Sánchez lo hace para evitar el espectáculo de verse acorralado, negado o criticado por las pequeñas izquierdas que le cuelgan de las narices como molestos mocos invernales. Aquí abajo, en las islas ultraperiféricas, es bastante peor. Y es bastante peor –todo sea dicho– en el espacio de la oposición.

Es imprescindible que el Gobierno empiece o termine un mapa situacional de los impactos que la actual crisis puede provocar en Canarias según un conjunto hipotético de escenarios posibles. Es imprescindible que la oposición aporte datos y análisis y comparta y cuando sea necesario apoye las medidas e instrumentos que puedan servir para afrontar esas decisiones: actos de guerra, problemas comerciales, ciberataques, problemas de abastecimiento y en las cadenas de distribución, oportunismos políticos. Lo realmente jodido de todo esto es que nos pilla en medio de reformas jurídicas, económicas y administrativas que deberían haberse impulsado hace años, a veces décadas, pero que en algunos casos están empezando y en otros todavía se encuentran en el congelador: la reforma turística y la del alquiler vacacional, la reforma de la administración autonómica, el cambio de modelo energético y de los hábitos de consumo, el relanzamiento de la producción agrícola, la recuperación de la productividad en descenso desde principios de siglo, la creación de un nuevo ecosistema de I+D+i, la urgencia habitacional. Sobre toda esta actividad reformista influirá directamente lo que ocurre a nivel europeo y estatal en los próximos meses y años: la falta de unos presupuestos generales y el incesante parcheo de los mismos desde 2023, la vocación de preterir indefinidamente un nuevo modelo de financiación económica, la concesión de privilegios inversores y fiscales a Cataluña y el País Vasco, los recortes de inversión y gasto a los que puede verse obligado el Gobierno central para afrontar sus compromisos militares, amenazando, por tanto, el debilitado cumplimiento de la agenda canaria. Sánchez y su equipo han demostrado una notable inteligencia política para mantener su base parlamentaria, aunque sea admitiendo concesiones muy discutibles constitucionalmente simplemente para encontrar, a los pocos meses, otros mensajes extorsionadores, en particular de la derecha independentista catalana. Pero el suyo es un gobierno débil y un liderazgo que detesta medio país. No. No es mejor Ejecutivo para enfrentarse a una crisis como esta que amenaza dañar gravemente la conexión entre lo global y lo particular. Una crisis dueña y señora de todas las crisis.

Urge un pacto. Un pacto que englobe a todas las fuerzas democráticas canarias y que se comprometa a sacar adelante un paquete de leyes, políticas públicas y programas para los próximos dos años. Fuera de ese espacio –un acuerdo básico para materializar media docena de leyes importantes, para blindar una estrategia sobre la crisis en el ámbito de nuestras fortalezas y debilidades, para garantizar la fluidez en materia de información sensible– nadie pretendería impedir las diferencias legítimas entre partidos y grupos parlamentarios. Ese sería un pacto, en definitiva, para hacer país y para proteger el país según los medios (modestos) de los que disponemos. Un país como el nuestro. El único que tenemos. Único e insustituible.

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