Un secretismo intolerable

Lamento profundamente ser repetitivo, pero mañana empieza lo que se denomina con vana pomposidad debate sobre el estado de la nacionalidad –lo suyo sería llamarlo debate sobre el estado de Canarias, sin más– y para sorpresa de nadie seguimos sin saber lo que gana la señora que dirigirá el desarrollo del acto, es decir, Astrid Pérez, presidenta del Parlamento. Tampoco, sinceramente, sabemos con exactitud cuánto ganan los miembros de la Mesa y la aristocracia de la Cámara, es decir, los presidentes y portavoces de los grupos. Cuando se ha insistido sobre este particular desde los medios de comunicación se ha respondido, con una soberbia realmente portentosa, que todo está muy claro, y lo único que hay que hacer es sumar o multiplicar las indemnizaciones –o dietas– y añadirlas a los 4.000 euros mensuales que son el salario base de sus señorías y a los complementos que, en razón de sus responsabilidades, tienen consignados portavoces, presidentes y miembros de la Mesa. En realidad esto no es sino un pequeño mecanismo de disuasión para intentar que nadie se tome el trabajo. A esto se suma otra astucia: la redacción equívoca y chapucera del reglamento que regula las indemnizaciones y complementos. Todo está dispuesto, por tanto, para que la gente no se entere de las cantidades sabrosonas que perciben los diputados, no vayan a detestarlos todavía más.

Por encima de estas reflexiones el caso de la presidenta del Parlamento es particular. Aquí no es posible sumas o multiplicaciones, simplemente, porque resulta imposible conocer cuántas indemnizaciones ha percibido. Esta es una vieja costumbre de nuestra cámara legislativa. Pongamos un ejemplo: la señora Pérez asistió como invitada a la bajada de la Virgen de los Dolores, que para los católicos es la patrona de Lanzarote. Por supuesto la presidenta del Parlamento –conejera ella– asistió. ¿Percibió una indemnización por ese motivo? Si algún ingenuo piensa que la vecindad de la presidencia en Arrecife descarta la percepción de una dieta se equivoca. El anterior presidente, Gustavo Matos, cobraba dietita por procesionar tras el Cristo de La Laguna. Su antecesor, el palmero Antonio Castro, tampoco perdonaba su sagrado viático al asistir a actos en La Palma. Es imposible conocer los emolumentos de la señora Pérez porque tampoco es público el dato de cuántas indemnizaciones recibe. Todos los presidentes han cuidado muy mucho el secreto de este detalle precisamente porque el concepto que las justifica podría ser más que discutible. En todo caso, si uno de toma en serio la transparencia exigible en una democracia representativa, deberían ofrecerse con periodicidad mensual las cantidades percibidas por cada diputado en los tres conceptos: dietas, complementos e indemnizaciones. Con acceso libre a todos los ciudadanos a través de la página web del Parlamento de Canarias. Es democráticamente intolerable hurtar esta información, como se está haciendo en la práctica. Es democráticamente intolerable que al Parlamento no lo fiscalice nadie desde el punto de vista económico-financiero. Ni el Comisionado de Transparencia, ni la Audiencia de Cuentas ni, al parecer, los propios grupos parlamentario, que no fiscalizan. Sólo reparten.

Otro un asunto singular merece explicación: el que las indemnizaciones a sus señorías no tributen fiscalmente. Eso significa, en el caso de la élite parlamentaria antes señalada, que más del 40% de lo que se meten en el bolsillo anualmente no deben declararlo a Hacienda. En el caso de la presidenta Pérez el porcentaje es –hipotéticamente– mucho mayor. Si usted gana 27.000 euros anuales imagínese que solo tuviera que tributar por unos 18.000 o 19.000. ¿Comprende usted las sonrisas cuando toman posesión sus señorías? ¿Alcanza a entender ahora el navajeo despiadado en la confección de las listas o el poder omnímodo de las cúpulas de los partidos, quienes deciden realmente los glúteos premiados con escaño cada cuatro años?

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