Prueba de fuego

Los países de la Unión –los 27– acordaron ayer un plan de Defensa, que sigue las directrices del proyecto Rearme Europa, presentado esta semana por la presidenta Von der Leyen. El plan incluye toda una panoplia de mecanismos de relajación de las reglas fiscales para que los países inviertan masivamente, además de un instrumento europeo de 150.000 millones de euros en préstamos para seguridad y defensa. El programa pretende lograr un máximo de 800.000 millones de inversión, aunque lo cierto es que nadie –ni los países, ni la propia comisión– cree que esa cifra sea alcanzable en cuatro años. Un despliegue de tal envergadura no parece factible, no sólo por la ausencia de recursos, sino por la dificultad de gastarlos en tan escaso plazo de tiempo.

Ayer se trataba de lograr un acuerdo conjunto y eso es lo que se ha conseguido en materia de gasto, no así en el respaldo a Ucrania, del que ha desertado Hungría, tal como se esperaba ocurriera, especialmente después de que Trump hiciera saltar por los aires el compromiso de respaldo estadounidense a Ucrania tras la agresión rusa.

En ese contexto, fuentes de la delegación española en Bruselas filtraron que el presidente Sánchez está convencido de que España podría situarse en un gasto en defensa cercano al dos por ciento del PIB español, hacia finales de esta década. La filtración, canalizada a los medios españoles, ha sido recibida con evidente escepticismo tanto a nivel nacional como internacional. El anuncio, realizado sin compromiso oficial y en un ambiente de crecientes tensiones geopolíticas, y de demandas de la OTAN y la Unión Europea para reforzar la capacidad militar, plantea dudas sobre su viabilidad y sobre la verdadera disposición del Gobierno español a cumplirla.

España se comprometió en la cumbre atlántica de hace diez años a incrementar su gasto en defensa hasta el dos por ciento del PIB. Sin embargo, según datos provisionales de la OTAN, en 2023 este gasto se situaba en torno al 1,24 por ciento, colocándonos como el país de la Alianza que menos invierte en proporción a su economía. Ese desfase entre la promesa y los hechos ha generado críticas sobre la credibilidad española.

La posibilidad de alcanzar el 2 por ciento del PIB en gasto militar para 2029 parece muy poco realista, cuando no directamente un falseamiento consciente de las intenciones del Gobierno. Un estudio de la Fundación Alternativas advierte que las proyecciones actuales del Ministerio de Defensa no se alinean con ese objetivo, que implicaría un incremento abrupto e inasumible del presupuesto a partir de 2027. La falta de planificación siembra dudas sobre la seriedad del compromiso.

Además, la principal oposición al incremento del gasto en defensa no proviene de los análisis presupuestarios, sino del entorno político del Gobierno. Socios parlamentarios clave, como Sumar, Bildu, Esquerra y el Bloque Nacionalista Gallego, han manifestado su rotundo rechazo a aumentar el presupuesto militar, priorizando la inversión social. La falta de consenso interno dificulta cualquier política coherente en materia de defensa, y evidencia una inevitable fractura en la coalición gobernante sobre este asunto. Sánchez intenta quedar bien con los socios europeos y ganar tiempo, pero cuando se vea obligado a elegir entre los intereses de Europa y su propia continuidad, es poco probable que intente acuerdos con el PP para lograr la aprobación del gasto. Es perfectamente consciente de que eso sería su final como político.

Mientras el Gobierno de España culebrea, otros países europeos adoptan medidas muy decididas para reforzar sus capacidades militares. La amenaza rusa ha llevado a la Unión a explorar formas de financiar el rearme, incluyendo la relajación de las reglas fiscales para permitir a los estados superar el límite de déficit cuando se trate de inversiones en Seguridad. Hay países fronterizos con Rusia –Polonia, por ejemplo– que invierten ya cerca del cinco por ciento en desarrollo militar, y eso aumenta la presión sobre España y su Gobierno para que asuma la parte que le toca y no quede rezagada en la defensa común europea. La falta de avances concretos perjudica la credibilidad internacional de nuestro país. Feijóo ha criticado al Gobierno por no cumplir con los objetivos europeos, señalando que se está comprometiendo la seguridad nacional y la posición de España en la OTAN, y que esa percepción de incumplimiento debilita la influencia española en las decisiones estratégicas de un continente que lleva tres años instalado en una guerra brutal.

Para un territorio fronterizo como Canarias, se trata de un asunto especialmente delicado. Como lo es hacer cuentas: si España renunciara a condonar los más de 80.000 millones de la deuda catalana, estaría asumiendo más del diez por ciento del gasto militar máximo planteado en cuatro años para todo Europa. No digo que sea razonable hacerlo, digo que es posible, que las cuentas salen.

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