Gana la banca, gana el Gobierno

El Gobierno nos vendió el impuesto extraordinario a la banca como un mecanismo para redistribuir la riqueza y frenar los beneficios excesivos de las entidades financieras. Se trataba de un impuesto progresista, de izquierdas, destinado a evitar el enriquecimiento abusivo de las entidades financieras. Eso se nos dijo. Pero los datos de 2024 confirman que la realidad ha sido muy otra: los bancos cerraron el año con beneficios absolutamente récord, el Estado ha recaudado un 25 por ciento más en impuestos a la banca por sus beneficios y quienes han terminado pagando esa factura –en forma de comisiones– han sido los ciudadanos que utilizan los servicios de los bancos, que, por obligación y necesidad, somos todos.

En su segundo año de aplicación, el impuesto bancario ha supuesto un coste para el sector de alrededor de 1.300 millones de euros. Es una pasta, pero las entidades han logrado compensarla gracias al aumento de ingresos, impulsados por la subida de los tipos, la optimización de costes y el aumento de las comisiones que los clientes deben pagar por los mismos servicios. La banca ni siquiera ha notado el impacto del impuesto: los seis principales bancos del país –Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Bankinter y Unicaja– cerraron el pasado ejercicio con unos beneficios conjuntos de cerca de 32.000 millones, casi un 22 por ciento más que en el año anterior. Unicaja, la menor de los grandes, fue la que más aumentó sus beneficios, de hecho, los dobló con creces. El Banco de Sabadell los mejoró en un 37 por ciento y BBVA, más de un 25 por ciento, sólo algo por encima de los resultados de CaixaBank. Santander y Bankinter aumentaron ambos alrededor del 13 por ciento. 2024 ha sido el mejor año en la historia reciente de la banca española. En otras palabras, el impuesto no solo no ha frenado la rentabilidad del sector, sino que los bancos han registrado –a pesar del impuesto– sus mejores cifras en años.

El impuesto a la banca fue diseñado para gravar con cerca de un cinco por ciento los ingresos netos por intereses y comisiones. Cuando se planteó la propuesta, el Gobierno la defendió como el mejor sistema para evitar el exceso de beneficios en el sector. Los bancos optaron inmediatamente por cerrar oficinas físicas y por una mayor digitalización, lo que implicaba reducir el empleo y mejorar la eficiencia. También se centraron en la venta de servicios con altas comisiones: fondos de inversión, seguros, créditos y otros productos financieros. Pero fue la subida de tipos –una decisión europea– lo que permitió mayores márgenes de interés, provocando un notable incremento de la rentabilidad que, por desgracia, hemos acabado pagado el conjunto de los clientes. Ocurrió así porque los créditos se volvieron más caros, no sólo porque la subida de tipos ya había endurecido las condiciones, también porque las entidades bancarias han ajustado más los costes de financiación. Por el contrario, se produjo una menor rentabilidad para los ahorradores: la remuneración de los depósitos sigue sin reflejar el alza de los tipos de interés, limitando la rentabilidad del ahorro. El Estado, lejos de intervenir, cerró los ojos y se concentró en cobrar: ha aumentado su recaudación sin afectar la rentabilidad del sector. Si en ejercicios anteriores la recaudación fiscal a la banca rondaba los 5.000 millones de euros anuales, con el nuevo tributo se ha superado con mucho esa cifra, generando un 25 por ciento más de ingresos para las arcas públicas.

¿Y quién paga realmente ese impuesto? El Gobierno insiste en que este tributo afecta solo a los bancos, pero eso es mentira: como era de esperar, los bancos trasladaron sus costes a los ciudadanos. Desde su aplicación, se han encarecido las comisiones por cuentas, tarjetas y transferencias, así como los costes de financiación para empresas y familias. El impuesto no ha perjudicado a los bancos, que han logrado beneficios escandalosos, ni ha supuesto alivio alguno para los ciudadanos, todo lo contrario.

Los bancos no se quejan, transfieren al Estado, vía impuesto, parte del dinero de más que cobran a sus clientes. Y se quedan con la otra parte. Mientras la Hacienda pública ve cómo su recaudación crece, los clientes asumen el sobrecoste.

Desde su aprobación, el Gobierno defendió este impuesto como una medida excepcional para paliar los efectos de la inflación y evitar que los bancos ganaran aún más con la subida de tipos. Pero los datos evidencian que el beneficio se ha multiplicado. Por eso nadie se queja: los bancos baten récords y el Gobierno ingresa más. El impuesto iba a ser inicialmente temporal, pero nadie duda ya de que acabará convirtiéndose en permanente. Desde luego, las comisiones no van a bajar. Todos contentos, mientras los ciudadanos pagamos la factura.

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