La mutación de la subasta catalana

Parte de la política catalana de los últimos 20 años se explica por la teoría de la subasta. La elaboración del Estatuto de Autonomía de 2006 fue una sobrepuja constante en la que los partidos participantes elevaban sus apuestas, algo que reconoció años después el presidente Montilla. Cuando a partir de 2012 la cuestión del referéndum monopolizó la agenda catalana -y condicionó la española- volvió a pasar lo mismo. ERC exigió una consulta en 2012 a cambio de investir a Artur Mas y de ahí la consulta no refrendaria de 2014 que, pese a su ilegalidad, nadie se atrevió a parar. Siguió con la lista unitaria en 2015 y una hoja de ruta inejecutable que nunca se llegó a aplicar porque la necesidad de la CUP para forjar una mayoría independentista no solo se llevó a la papelera de la historia a Mas, sino que se saldó con el compromiso de celebrar un referéndum vinculante. En 2017 tuvo lugar y sus resultados dieron lugar a una declaración de independencia tan estéril para su propósito como perniciosa desde un punto de vista político y judicial, ya que provocó la destitución de la Generalitat por medio del artículo 155 de la Constitución y el procesamiento de los líderes independentistas, algunos de los cuales fueron encarcelados, juzgados, condenados, indultados y amnistiados. Otros permanecen todavía en rebeldía.

Y todo ello sucedió porque la competencia constante entre Junts (anteriormente CiU) y ERC les llevaba constantemente a un juego del gallina al que ninguno ponía freno. El fracaso del procés y la llegada de Salvador Illa a la presidencia de la Generalitat podían hacer pensar que se había puesto fin a esta dinámica. Pero no ha sido así, ya que la subasta se ha mantenido, solo que metamorfoseada. Ahora la subasta es una competición entre ERC y Junts por quién consigue más prebendas del Gobierno de España, algo que es posible por la dependencia que tiene de esos partidos.

Solo así se explica que en paralelo a la reactivación de los organismos intergubernamentales entre el gobierno central y el de la Generalitat (la Comisión Mixta de Infraestructuras, la Comisión Bilateral o de la Comisión de Transferencias), se conceda protagonismo a ERC y a Junts para que puedan hacer ostentación de los logros alcanzados a cambio de mantener su apoyo a Pedro Sánchez. Eso fue lo que sucedió en la insólita comparecencia en la sede del gobierno catalán de la secretaria general de ERC para anunciar, justo antes de la celebración de la Comisión Mixta de Infraestructuras en la que se decidía, la nueva empresa mixta de trenes de Cercanías. O que, como antesala al Consejo de Política Fiscal, se anunciase que ERC había pactado con el Gobierno una quita del FLA. O que Junts haya supeditado su apoyo inmediato a la cesión de las competencias en inmigración.

Aspirar a la mejora del autogobierno es legítimo pero hacerlo a modo de mercadeo, generando inseguridad jurídica e imprevisibilidad, con reformas institucionales alejadas del consenso y que se exhiben como trofeos, es muy negligente y los socialistas como partido responsable no deberían promoverlo.