Otro cambio de cromos

La última ocurrencia del Gobierno de Pedro Sánchez, adalid de la igualdad entre españoles y de la cohesión territorial, es la cesión de competencias en materia de inmigración a la Generalitat. Si algo le falta a este país para garantizar una gestión migratoria coherente y eficaz, es que cada región ejecute su propia política. Un modelo ideal, sin fisuras, que -sin duda alguna- contribuirá a reducir los conflictos y resolverá como por arte de magia los problemas estructurales que afectan a la administración de los flujos migratorios. El cierre de un nuevo acuerdo con Cataluña, cerrado en Bruselas a cambio de retirar la moción de confianza, es fruto de la última entrega de ‘¿Qué más puedo darte, Puchi?’, esa comedia serializada por Sánchez, en las que se desgranan concesiones del Estado a una de las regiones más ricas de España, con la esperanza puesta en que los indepes mantengan su compromiso de apoyo parlamentario. Después del indulto, la modificación del Código Penal, la amnistía, la condonación de la deuda y el cheque en blanco del concierto fiscal, le llega el turno a la inmigración. Total… ¿para qué nos hace falta una política nacional en este particular asunto? Es mejor fragmentar la toma de decisiones y hacerla depender de los caprichos de un político cuyo objetivo declarado es –básicamente- largarse de España.

Según el argumentario oficial, la cesión de competencias se justifica en la necesidad de adaptar la gestión migratoria a las necesidades particulares de Cataluña. Debe ser que los inmigrantes que llegan a Barcelona son de muy diferentes a los que desembarcan en Canarias o cruzan la valla en Melilla. Son de una especie distinta: llegan decididos a aprender catalán de manera espontánea, renunciar a sus creencias para hincharse de pan con tumaca y butifarra, e identificarse con la nación catalana en cuanto ponen un pie en El Prat. Suspiran por ser asimilados en un territorio donde se pretende que un niño ecuatoriano, marroquí o paquistaní se escolarice en una lengua que no hablan sus padres ni sus abuelos, y que no se habla fuera de Cataluña. Pero que es, al parecer, crucial para su integración.

Lo más fascinante del acuerdo que persigue Pedro Sánchez no es la cesión en sí, sino la forma en la que se nos vende: Cataluña tendrá ahora capacidad de decisión sobre la gestión de los migrantes, los permisos de trabajo, el control de fronteras y otras cuestiones clave. El Estado seguirá pagando, pero la Generalitat decidirá. Un chollo para el Gobierno regional (con perdón), que podrá beneficiarse del sistema sin asumir realmente ninguna responsabilidad cuando las cosas se tuerzan. Y, por supuesto, cuando surja un problema –cuando la presión migratoria aumente o cuando los servicios públicos colapsen–, la culpa será siempre del Estado, por no transferir suficientes recursos. Enhorabuena, pues, a los ingenieros del desgobierno: han encontrado una nueva forma de dinamitar la cohesión nacional, mientras nos venden la operación como un avance en la cogobernanza. Enhorabuena a la Generalitat, que acumula cada vez más competencias y más recursos sin haber movido un dedo más allá del que los diputados indepes utilizan para apretar en el Congreso el botón del ‘sí’.

En política migratoria, como en casi todo lo demás, Sánchez siempre deja que gane el independentismo. El privilegio es una prerrogativa de los socios de investidura. Aquí no se trata de justicia ni de eficiencia, sino de puro mercadeo parlamentario. Lo cierto es que Cataluña ya recibe más inmigración que muchas otras regiones de España, y una gran parte de la población migrante acaba en situación precaria debido al altísimo coste de la vida en Barcelona y alrededores. ¿La solución de la Generalitat? Crear su propia burocracia migratoria y decidir cómo gastarse los fondos del Estado para atender a los emigrantes. El resto de comunidades autónomas se preguntan si ellas también llegarán a tener parte del pastel. Si Cataluña puede gestionar su política migratoria, ¿por qué no Madrid, Andalucía o Canarias?

Nos dicen que habrá premio de consolación: tras el acuerdo con Junts, parece que Sánchez logrará que Puigdemont acepte la distribución de 4.400 menores desde Canarias al resto de regiones. En realidad, fueron los socialistas los que se negaron a plantear el asunto hasta que no existiera un acuerdo con los indepes para desbloquear el presupuesto 2025 y prolongar esta legislatura indecente. Ahora nos aseguran que la solución al problema de los chicos que desbordan los sistemas de acogida en las islas, será la siguiente prioridad, una vez se formalice el acuerdo de ceder la política migratoria –un asunto de la exclusiva competencia del Estado- a Junts. Me van a disculpar, pero París no siempre vale cualquier misa. Y además, no me lo creo. De tanto escuchar promesas incumplidas, me he vuelto muy suspicaz.

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