Malas cuentas para Canarias

La propuesta del Ministerio de Hacienda para la condonación de más de 83.000 millones de deuda de las comunidades autónomas con el Estado, aprobada ya en la polémica reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera del miércoles, deja a Canarias como una de las regiones más perjudicadas, si no la peor parada.

Los criterios para calcular la quita a cada territorio no solo no se han justificado suficientemente, sino que en algunos casos parecen de todo punto incomprensibles, de modo que al Archipiélago esta medida no solo no le sale a cuenta en términos generales, sino que resulta un agravio de manera específica.

Canarias, según ha dejado claro el Gobierno regional, rechaza de entrada la propuesta por tratarse de una imposición desde el Ejecutivo central por un acuerdo político con ERC para condonar una parte importante de la desorbitada deuda catalana acumulada por los gobiernos nacionalistas desde 2012.

Como aplicar esta quita en exclusiva a Cataluña resultaría manifiestamente ilegal, el Ejecutivo de Pedro Sánchez se ha visto obligado a diseñar otro café para todos autonómico del que se benefician también los territorios que, junto a la comunidad catalana, mayor pasivo acumularon durante los peores años de la crisis de 2010 y en plena fiebre de la austeridad, con una ley de estabilidad financiera que ahogó a todas las administraciones. O sea, quienes incumplieron las normas.

La quita afecta fundamentalmente a la deuda contraída entonces por las comunidades autónomas con el Estado a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), pero también a la de los gobiernos regionales que no necesitaron financiarse por ese mecanismo, pero que se endeudaron con créditos bancarios. Es el caso de Canarias, cuyo rigor fiscal y presupuestario en aquellos años de estrecheces le permitió financiarse en los mercados internacionales sin necesidad apenas de préstamos estatales.

De los 6.467 millones de deuda de la comunidad autónoma de Canarias computados, solo 1.286 corresponden al FLA, una circunstancia que, junto al cumplimiento estricto del objetivo de déficit, y sus ejercicios presupuestarios con superávit en las cuentas públicas la han colocado como una de las administraciones más saneadas de todo el Estado.

Resulta dramáticamente paradójico, por tanto, que Canarias salga perjudicada en la actual propuesta del Gobierno sobre la quita de la deuda, pese a ser una de las más cumplidoras con las reglas fiscales, mientras las comunidades más beneficiadas serán precisamente las de mayor endeudamiento, no solo Cataluña, sino también Andalucía, Comunidad Valenciana o Madrid.

Es cierto que algunas han tenido que endeudarse más por su déficit de financiación autonómica, razón por la que apremian al Gobierno español a presentar ya una propuesta sobre un sistema que caducó en 2014, pero en ese caso también está Canarias sin que por ello haya abandonado el rigor presupuestario y fiscal.

Esta situación es la que ha determinado que la propuesta de quita fiscal sea un mal negocio para las Islas. De entrada, la mutualización del pasivo de todas las comunidades trasladándola al Estado, y por tanto al conjunto de los españoles, incrementa la deuda por habitante en Canarias en 393 euros. Es decir, si con la deuda autonómica propia cada canario asumía teóricamente un debe de 2.973 euros, tras la propuesta del Gobierno pasa a 3.366, un 13,2 % más. Y esto es así en parte por esos criterios nada favorables para las Islas con los que se ha elaborado la propuesta.

De entrada, Canarias es la única comunidad a la que le afecta el criterio de limitar al 50 % la quita, de forma que las Islas solo pueden beneficiarse de esos 3.259 millones recogidos en la propuesta gubernamental. Además, también se le aplican otros criterios claramente perjudiciales.

Más allá de las malas cuentas para Canarias que supone esta propuesta de condonación de deuda para dar cobertura al acuerdo político entre el PSOE y ERC que permitió la investidura de Sánchez, el Gobierno regional debe concertar ahora una estrategia seria para apurar toda la negociación a la que el Ministerio de Hacienda esté dispuesto a mantener antes de que la medida se convierta en proyecto legislativo con destino al Congreso, donde debe aprobarse por mayoría absoluta.

Los primeros pasos de los partidos del pacto en las Islas, CC y PP, no han sido precisamente afortunados, con una aparente descoordinación interna. La marcha de la consejera de Hacienda de ese encuentro, de la que se desmarcó luego el presidente canario, no solo fue un gesto institucional irrespetuoso, sino una praxis política que impide expresar y argumentar ante el Consejo de Política Fiscal y Financiera y los ministros presentes la posición de Canarias para tratar de abrir así una vía de aproximación para futuras negociaciones. En un asunto tan relevante como este, ambos socios en el Gobierno de Canarias deben tener muy claro su objetivo y no dejarse arrastrar por la crispación política y la estrategia del PP como partido contra el Gobierno de Sánchez, y de éste contra la oposición, y defender a una sus intereses, que son los de las Islas. n