Despreciar la okupación

Esta misma semana, en el Parlamento de Canarias, la ultraderecha preguntó por el fenómeno de la okupación en Canarias y el consejero de Transporte y Viviendas, Pablo Rodríguez, le respondió con más condescendencia que acritud que la okupación de pisos y viviendas «es un fenómeno mucho menor de lo que ustedes creen en nuestras islas». Varios diputados socialistas se rieron con ironía. A mí me alarma extraordinariamente que fuerzas socialistas, nacionalistas o conservadores mantengan la misma postura sobre este asunto: una indiferencia casi complaciente.

La okupación es una realidad ínfima, un cuento de viejas asustadas agitado por los fachas, un malévolo recurso de Vox y similares para sembrar el odio a los migrantes. Ninguna de estas afirmaciones deviene completamente falsa. Pero la okupación es, también, una realidad creciente con un impacto potencial muy negativo para la convivencia vecinal, la cohesión social, el prestigio (digamos) de la tolerancia como valor democrático. Es un error especialmente estúpido dejarla en manos de la ultraderecha.

Por ejemplo, en el caso de las casas okupadas en el barrio santacrucero de El Toscal, el único político que se ha recorrido el lugar y charlado con los vecinos directamente afectado ha sido una diputada de Vox. Tal vez me equivoque pero por ahí no han asomado el josico ni el alcalde de la ciudad, José Bermúdez, ni la supuesta lideresa de la oposición, Patricia Hernández. Aunque la tensión ha bajado los recelos y la preocupación siguen muy vivos entre la mayoría de los toscaleros. Y es asombroso cómo noticias de esta naturaleza se expanden vertiginosamente por toda la ciudad y se convierten en objeto de comentario inacabable, sobre todo entre los ancianos.

Porque la sensación que más estimulan estos casos, efectivamente aislados, es el de impotencia, fragilidad e incertidumbre. Como un fenómeno distinto a la okupación, pero emocionalmente contiguo, se suma una saña incomprensible, propagandística, hacia los desgraciados que poseen un apartamento y un par de plazas de garaje, adquiridos con su esfuerzo o a través de una herencia familiar, propietarios envueltos en problemas y disgustos a causa de una normativa legal que se defendió inicialmente como extraordinaria pero que se ha modificado después de la crisis económica poscovid y que privilegia al arrendado sobre el arrendador. Si tienes dos pisos ya eres casi un tenedor. Y si tienes cuatro –qué inmundicia– un fondo buitre.

La okupación es un universo delincuencial complejo. Está el pícaro individual o acompañado de su familia que se mete donde puede con la voluntad de atrincherarse indefinidamente, están los grupos y grupúsculos de migrantes que actúan cada vez más organizadamente, están por último mafias de la okupación, como la que controlaba un edificio de 43 pisos en Tijoco Bajo, en Adeje. El grupo de okupas que gestionaba la situación se lucraba, además, utilizando bastantes de los pisos para el alquiler vacacional. La empresa privada que consiguió –a través de una ardua negociación– el desalojo del edificio ha actuado en los últimos años en inmuebles de Tarajalejo, Playa del Inglés y San Isidro, entre otros.

No es admisible, sencillamente, trivializar ni los orígenes ni los efectos de las estrategias okupas, una red de causas y efectos densa y cada vez más frecuente. Si una cara de la crisis habitacional está en la urgencia imperativa de crear vivienda pública la cruz está en garantizar los derechos de los propietarios. El otro día la diputada socialista Dolores Corujo legitimó, en la práctica, la okupación, porque «se ven abocados a ellas los más vulnerables». No: la okupación no es ni puede ser una práctica sustitutiva de las políticas públicas a costa de ciudadanos que cumplen la ley y pagan sus impuestos y si la izquierda no lo entiende pagará un precio político y electoral elevado.

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