La trampa de la deuda

Se entiende que Pedro Sánchez y su equipo hayan retrasado sine die la reforma del sistema de financiación autonómica. Lo han hecho, por supuesto, para poder hacer otras cosas. Por ejemplo negociar con el independentismo catalán la condonación de la deuda pública de la Generalitat. Es decir, que la negociación de la deuda catalana se ha transformado y admitido como instrumento político. ¿Qué podría salir mal? 48 horas antes de la reunión del Consejo de Política Fiscal ya salió Junqueras a celebrar la victoria y a uña de caballo María Jesús Montero explicó que la deuda se condonaría parcialmente a todas las comunidades.

Lo descontado de la deuda del gobierno catalán con el Fondo de Liquidez Autonómica se eleva a 17.104 millones, un 22% del total. El Estado –salvo que todos son, somos el Estado– asumirá globalmente unos 83.252 millones de deuda. Cuanto más manirroto hayas sido mejor te tratará la señora Montero y a eso se suma que el importe máximo a asumir por el Gobierno central será como máximo un 50% de la deuda de cada comunidad. Bajo estas dos condiciones Canarias sale bastante malparada. Eso nos pasa por cumplir las reglas. Gilipollamente honrados. Uno ha visto cosas, muchas cosas en 35 años de profesión, pero descubrir a Nira Fierro, secretaria de Organización del PSOE, batiendo palmas «por lo beneficioso de este acuerdo para Canarias» es uno de los espectáculos de politicuchería más despreciable que recuerde. ¿De verdad que le vale la pena?

No vale la pena recordar la manipulación retórica que significa la condonación parcial de la deuda autonómica. La pasta adeudada no se desintegra básicamente, la pasa a asumir ese ente aparentemente abstracto pero en realidad muy contundente que se llama Estado. Pero tanto la deuda del Estado, como la de las comunidades autónomas o la de los ayuntamientos deberán pagarse. Y en todos los casos las pagamos nosotros: los ciudadanos y las empresas. Estoy seguro de que a esta primera quita la seguirá otra este mismo año. Y el siguiente.

Por supuesto la deuda del Estado y la administración central no ha dejado de incrementarse, aunque su crecimiento se ha moderado hasta poco más del 2,9% interanual el pasado noviembre. Ahora asciende a 1.622.000.000 de euros. En 2018 era de unos 112.000 millones de euros menos. Y antes de la gravísima crisis de 2007/2008 apenas alcanzaba los 384.600 euros. Estamos en un nivel equivalente al 104,4% del Producto Interior Bruto, siete décimas por debajo del cierre de 2023, aunque España siga siendo uno de los cinco países con mayor deuda de la Unión Económica y Monetaria.

Si se trataba de instrumentar fórmulas de alivio fiscal para las comunidades existen otras. Por ejemplo, una moratoria. Podrían organizarse planes de deuda en cada caso estableciendo plazos de entrega, suprimiendo temporalmente intereses, ampliando periodos de pago. Las comunidades más endeudadas cogerían resuello y podrían sanear su crecimiento. No se ha hecho así porque esta operación consiste en diluir la negociación entre Pedro Sánchez con los independentistas en una merendola generalizada. Fue una de las condiciones iniciales para su investidura.

Primero una quita sustancial de la deuda de la Generalitat y en el horizonte la creación de un cupo similar al del País Vasco. Para evitar la furia, pues condonemos deuda pública a todas las comunidades, y si alguien protesta, argumentaremos con el habitual cinismo sanchista que cómo es posible que no se alegren, si te dejo más dinero en tu hacienda autonómica. Que nadie espere, en este contexto miserable y buhonero, que en un futuro previsible se debate y consensue un sistema de financiación autonómica.

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