Canarias busca salidas a la crisis de la vivienda

Durante los últimos días, también semanas y meses, se han puesto en marcha en Canarias distintas iniciativas, aún en estado embrionario y todavía con camino por recorrer, que buscan afrontar la grave crisis que sufre el Archipiélago en materia de vivienda, como toda España, con un desajuste abismal entre la oferta y la demanda y unos precios desorbitados tanto para la compra como el alquiler. Esta situación tiene a miles de familias, especialmente a jóvenes, en absoluta incapacidad de acceder a este derecho protegido por la Constitución. Afortunadamente, desde distintos ámbitos se empiezan a mover las cosas para cambiar el panorama y recuperar el tiempo perdido tras años de inacción y de ceguera ante un problema que ha terminado por convertirse, quizá, en el más preocupante para la ciudadanía por su impacto en la calidad y expectativas de vida.

La administración pública no ha previsto en los últimos años como debiera las necesidades habitacionales de la población, y por tanto no ha promovido, ni impulsado, ni estimulado, la construcción de los inmuebles necesarios –públicos y privados–. Si a ello se le suma que el fenómeno de la vivienda vacacional ha desembocado en un notable trasvase de inmuebles residenciales al negocio turístico, no extraña tanto la compleja situación actual.

Canarias dispone en estos momentos de cerca de 7.000 hectáreas vacías para uso residencial, terreno suficiente, para construir la vivienda necesaria para equilibrar un mercado que precisaría en torno a 11.000 viviendas nuevas al año (según el Banco de España) para lograr ese objetivo, frente a las aproximadamente 2.500 que realmente lo nutren en la actualidad. Hay que recuperar el tiempo perdido y cambiar inercias y eso pasa por incentivar como nunca la colaboración público-privada para activar la construcción y promoción de edificios de uso residencial, así como encontrar un equilibrio entre la oferta de viviendas principales y turísticas.

La aprobación en el Congreso de los Diputados esta semana de la toma en consideración de una proposición de ley, presentada conjuntamente entre el PSOE y CC, para abrir el uso de la Reserva de Inversiones en Canarias (RIC) a la adquisición, construcción o rehabilitación de vivienda libre con destino al alquiler asequible es una de esas medidas encaminadas a afrontar el problema. Se trata de una modificación del Régimen Económico y Fiscal (REF) que permitiría poner unos 2.000 millones de euros a disposición de promotores y constructores para activar la oferta y con ello abaratar los precios.

Es un ejemplo claro de como el REF debe actualizarse y contemplarse de manera flexible para ajustarse a las necesidades económicas y sociales de cada momento. Y no deja de ser novedoso que en este caso el Ministerio de Hacienda no haya puesto las cortapisas habituales a la revisión del fuero canario demandado desde las Islas. Así como el gran consenso obtenido por CC en torno a PSOE y PP a nivel estatal. Algo inusitado en los tiempos que corren. Se requiere ahora que la proposición de ley se tramite con diligencia y garantías de que no será descafeinada en su objetivo fundamental, y que la dura y permanente batalla política en el Congreso entre Gobierno y oposición no haga descarrilar la propuesta.

Junto a esta medida, también es destacable en el objetivo de buscar salidas a la crisis habitacional la apertura en Canarias, por primera vez en la historia, de una oficina permanente del Instituto de Crédito Oficial (ICO), que contará con un representante para fomentar la construcción de viviendas para el alquiler asequible. El ICO ofrece avales para financiar casas que ayuden a destensionar el mercado. Esta entidad ofrece a promotores un nuevo instrumento financiero que está en fase de adjudicación y por el que existe mucha demanda, que permite poner a disposición de los constructores la mitad del presupuesto que necesite para hacer vivienda nueva.

Encontrar soluciones a estos desafíos requiere un análisis profundo de las causas del desfase entre oferta y demanda, considerando factores como los precios del suelo, los costes de construcción, la regulación urbanística, las necesidades específicas de los demandantes y los plazos de ejecución de los proyectos inmobiliarios. El enfoque sobre este gran reto de la sociedad canaria tendrá que ser mucho más audaz, sin dogmatismos ni apriorismos, y asumiendo también el debate de fondo sobre la conveniencia o no de que las administraciones intervengan en el mercado, esa gran polémica creada en tono a la actual Ley del Suelo estatal y sobre la que la batalla política nacional ha impedido una aplicación consensuada y racional.

El decreto de medidas urgentes del Gobierno de Canarias, así como otras medidas puestas en marcha por cabildos y ayuntamientos enfocan correctamente el problema y activan los mecanismos necesarios, pero se requiere una intervención coordinada por parte de las administraciones públicas, el sector privado y la sociedad civil, y una mirada que aborde las causas estructurales del problema y promueva un mercado inmobiliario más eficiente y equitativo.