La ruleta rusa

El pasado 7 de febrero, transitaba en el dispositivo de separación de tráfico que discurre en aguas internacionales entre Tenerife y Gran Canaria el petrolero Bonifacy. A ojo de terrícola, un simple buque tanque, pero para los analistas navales, una de las muchas bombas de relojería medioambientales flotantes que trabajan para intereses rusos dando salida a su crudo hacia sus destinos.

Hace algunos meses, el Common law británico dio un bofetón jurídico a la abogacía del estado española con el caso Prestige. Más de veinte años después del mayor naufragio que cubrió de chapapote buena parte de la costa gallega, se mantiene un abanico de preguntas de respuesta incierta. Lo que sí le ha quedado claro a España, pese a no haber aprendido la lección, es que enfrentarse en los tribunales a los armadores, ocultos tras un entramado de empresas pantallas, en paraísos fiscales, es quedar atrapado en un bucle jurídico que languidece, mientras la gente es la que acaba en la playa recogiendo chapapote, y el estado sin cobrar un dólar en indemnizaciones. Sí, es otra historia, pero un accidente de un petrolero de la llamada darkfleet nos devolvería a un escenario similar al del año 2002. Y si ese desastre medioambiental acontece en aguas cercanas a Canarias, ya pueden imaginar las repercusiones que tendría sobre el sector turístico.

En las últimas dos semanas han transitado entre las islas canarias más de diez millones de barriles de petróleo, en no menos de 13 petroleros, que mantienen alguna relación con el entramado darkfleet. Alguno de ellos, bajo terceras banderas de registro, incluso haciendo escala en aguas portuarias. Todo en orden, pues no son rusos, pese a trabajar para intereses russkies. Recuerden que la nacionalidad del activo flotante la define su puerto de registro, no el pasaporte de su armador. Cosas de la moral de geometría variable europea, que se dio un tiro en el pie, energéticamente hablando, pues necesita del aporte continúo de los combustibles que le sigue comprando a Rusia, vía la India.

Pero volvamos al petrolero Bonifacy, bandera de Palau, y ex algún otro nombre, que discretamente transitó entre las islas con unos 350.000 barriles de hidrocarburos, sin saber quién es el armador, entiéndase dueño del buque, para en caso de un accidente, tener a quien reclamar. Sí, en efecto, hay una bonita máxima en el derecho marítimo internacional que dicta que: «quien contamina, paga», pero para ello, primeramente hay que dar con el armador del buque. Tres días antes, transitó el Aframax Captain a Stellatos, con un millón de barriles de crudo de origen ruso, y registrado en sociedades pantallas, o trustees, de Islas Marshall. Refugio habitual de los armadores para evitar ser señalados. Aunque el caso más alarmante, y a la vez «mejor» intento a la ruleta rusa de la marea negra, fue el fondeo, a una milla escasa de Las Teresitas, del petrolero Suez Enchanted, bandera de Liberia, con otro millón de barriles de crudo. Una bañera de 275 metros de eslora, en la lista negra de violar las sanciones a Rusia. ¿Hay control real?, ¿o simplemente es un tema outsider?, que sólo nos hará despertar, cuando uno de estos barcos abra las noticias vomitando chapapote a la costa.

Y de nuevo, regreso al futuro del caso Prestige, cuyos armadores era un totum revolutum de intereses griego-rusos ocultos en sociedades pantallas offshore. Viejos zorros de mar con percebes en la ingle, que jurídicamente hablando, se han descojonado del estado español en un tribunal inglés, que comparte nacionalidad con la aseguradora del Prestige. Es lo que pasa, cuando un país de toreros, se pone a jugar a los barcos, contra los dueños del complejo sistema marítimo. Con todo esto, imagino que no hace falta entrar en detalles de lo que pasaría si aconteciera un accidente de un tanker darkfleet en aguas canarias. Simple, no se vería un céntimo, o rublo, en indemnizaciones. De ahí mi anterior afirmación, referida a que no se han aprendido las lecciones del Prestige, que de alguna manera, fue una precuela del actual fenómeno darkfleet.

¿Es consciente el gobierno español de las bombas de relojería medioambientales que navegan en tránsito off Galicia, y entre Canarias? ¿Existe una actividad de inteligencia naval, o base de datos, que se adelante a un posible accidente, como hacen los países bálticos, investigando las conexiones, y trazabilidad empresarial, que lleven a los verdaderos armadores de estos barcos?, que de manera global, no deja de ser Moscú. ¿Tiene algún posicionamiento de esta cuestión el Gobierno de canarias?, en otras etapas, profundamente preocupado por aquel disparate jurídico llamado mar canario. Preguntas interesantes, también incomodas de hacer, y que países como Dinamarca, máximo alertante de este riesgo medioambiental, intenta prevenir, teniendo sus buques de lucha contra la contaminación en la mar, y no atracados en puerto.

La realidad es que Canarias, y España, poco o nada pueden hacer al respecto, pues impera la libre navegación del jurista neerlandés Hugo de Groot, Mare liberum. Lo cual no es burladero, para que se tenga una política marítima seria, más en un archipiélago atlántico, con la proyección que conlleva en forma de Zona Económica Exclusiva, y la declaración de ZMES (Zona Marítima Especialmente Sensible). La realidad, cruda, es que España carece de una política marítima creíble, y el pato lo paga una realidad insular como es Canarias, que se gobierna con un pensamiento continental de virreinato de romerías, y guagua gratis.

Canarias es testigo del notable aumento del tráfico de buques petroleros en los corredores internacionales que discurren entre las dos islas capitalinas. A mayor densidad, más probabilidades de un accidente, y en ese cálculo, va implícito el tránsito frecuente, casi diario, de los llamados petroleros darkfleet, con armadores ocultos en un entramado de empresas ficticias, o Game of Matrioshkas. Cada tránsito de petroleros, en dudoso estado de mantenimiento, y fuera de las aseguradoras occidentales, es un intento a la ruleta rusa del accidente marítimo, y sin tener a quien reclamar. Sigan jugando.