Los derechos del común

Por un hábito previsor –que tiene mucho que ver con la prudencia moderada que crece con los años– solemos abstenernos de hacer previsiones sobre nombramientos y rumbos de los cargos públicos. Por una vez nos saltamos la regla ante una institución que, en «tiempos picudos» –símil de difíciles para los campesinos isleños– resulta más que necesaria, imprescindible. Nos referimos a la Diputación del Común, que, la pasada semana, celebró sus primeros cuarenta años.

La memoria –amiga y enemiga implacable– me devuelve a los tiempos fundacionales y al catecismo político que se gastó entonces para la denominación del cargo y, sobre todo, para su localización fuera del eje político y administrativo de Santa Cruz y Las Palmas, en guerra franca desde la división provincial de Primo de Rivera. Algunos escribidores –en el papel de Pepito Grillo con los tribunos amigos– apostamos, en primer lugar, por la denominación del cargo y frente al recurso inmediato de la traducción literal del término inglés –Ombudsman– apostamos por un término hispano, Diputado del Común, estrenado en Canarias y en Santa Cruz de La Palma concretamente tras el pleito civil que erradicó la figura caciquil de los regidores perpetuos. Ganada esa primera baza, esencialmente semántica, con la complicidad de Jerónimo Saavedra, sugerimos la localización en la capital palmera y ahí topamos con huesos duros de roer –recordamos con memoria y afecto al pertinaz Oswaldo Brito y sus alegatos en la tribuna y los pasillos– y, también, porque sin ellos no hubiera sido posible, la complicidad plena de políticos de entonces –recordamos de modo especial a Saavedra, de la Cueva y los periféricos– y otros de distintas sensibilidades. Entonces, y no hay acritud que dure una semana, se tuvo una especial sensibilidad con la periferia y se eligió en un consenso histórico, y ejemplar como todos los acuerdos de buena voluntad, a Luis Cobiella Cuevas. Mi mentor y amigo, un humanista trasplantado a la Edad del Plástico, cumplió a pies juntillas la ley: «El Diputado del Común es el nombre del defensor del Pueblo de la Comunidad Autónoma de Canarias, en España. Es un alto comisionado designado por el Parlamento de Canarias cuyo fin es defender los derechos y libertades constitucionales de los ciudadanos canarios». Desde la hora cero se empeñó en un ejercicio de pedagogía viajera que lo llevó a todos los lugares del archipiélago para descubrir una ventana de derechos y esperanzas, para la reparación de injusticias, olvidos y agravios; para hacer efectiva la igualdad. Publicó inspirados libros sobre los derechos del común e hizo de su Juan Canario, el Juan Nadie de los narradores americanos, el Juan Bimba de otro poeta demócrata, el venezolano Andrés Eloy Blanco, alma de los adecos. Con una claridad meridiana, preguntas, respuestas, aforismos lanzó el mensaje transparente de que el pueblo no sólo existe sino que, con todas las consecuencias, manda; qué nombres y partidos deben gobernar en su nombre y a los que deben dar cuentas de su gestión. No pude estar presente en la conmemoración del XL Aniversario del Diputado del Común pero sí me siento obligado a apuntar, desde la intuición de las narices que envejecen, que el equipo que lleva en este quinquenio esa tan digna y alta responsabilidad pinta bien. Tiene propósitos divulgadores, y esa es la conditio sine quanon para garantizar el uso de los derechos y la denuncia de los abusos, y sus miembros muestran una acreditada biografía que tendrán que afinar en los tiempos estrechos que nos tocan, con integrismos y negacionismos crecidos, con pleitos territoriales y arrogancias planetarias que recuerdan los hitos más negros de la historia. Rafael Yanes, el penúltimo diputado, demostró que el cargo tiene que estar a ras de tierra y lo demostró en sus correrías por la región y las atenciones sobre las tierras y las almas castigadas del volcán de Cabeza de Vaca. El nuevo equipo tiene crédito y fuerza para la reconstrucción y para demostrar que es en los tiempos oscuros cuando las sensibilidades democráticas, de todos los colores, deben resplandecer.

Con carácter meramente enunciativo parece oportuno señalar los perfiles de los nuevos garantes de nuestros derechos, empezando por la primera ciudadana que asumió esa responsabilidad. María Dolores Padrón, además de sus licenciaturas en magisterio y psicopedagogía, viene avalada por su experiencia política, con concejalías de Educación, Mujer y Juventud y la alcaldía del Puerto de la Cruz, donde también desempeñó la alcaldía; diputada en dos legislaturas y delegada del Gobierno en Madrid; Antonio Alarcó Hernández, prestigioso cirujano y jefe de servicio del HUC y senador por Tenerife en las seis últimas legislaturas, como primer adjunto; la segunda adjunta María Aranzazu Tejera Cabrera, y la tercera, con dedicación especial a la Igualdad entre Mujeres y Hombres y Violencia de Género, desempeñó la representación del gobierno central en La Palma.

Esta columna, y mejor que nadie lo saben sus fieles lectores, no es dada al halago previo pero, por una vez y como apuesta segura, expreso mi confianza en la competencia y responsabilidad de estos cargos públicos. Ahora, como siempre y aún más, están en juego, por no decir en almoneda, muchos derechos costosamente conseguidos.