Amenazas de los socios

Someterse a una cuestión de confianza es prerrogativa de Pedro Sánchez o de cualquier otro presidente de Gobierno de este país. Nadie lo ignora, y si Puigdemont ha insistido en exigir la tramitación, ya admitida, de este instrumento político en el Congreso es para dejar aún más claro que la continuidad de la legislatura y lo que suceda en ella depende exclusivamente de Junts. O, lo que es lo mismo, del golpista prófugo con sede en Waterloo. Dicho de otra manera, España está en manos de un partido que no llega a los 400.000 votantes y cuyos dirigentes independentistas no dejan de repetir que lo que ocurra fuera de Cataluña les importa un bledo. Salvo su utilización para un chantaje reiterado a cambio de concesiones que afectan al conjunto de los españoles.

Junts ha empezado a amenazar a Sánchez con elecciones a fin de conseguir las competencias para Cataluña en materia de inmigración, uno de sus grandes objetivos. ERC, que tuvo tan solo 70.000 votantes más que la derecha separatista y quiere evitar quedarse rezagado, mantiene que si no hay soberanía fiscal catalana tampoco habrá apoyo a los Presupuestos del Estado. Su portavoz ha recalcado que vocacionalmente no se siente solidaria con los problemas del resto de España.

Llegados a este punto, Pedro Sánchez tendrá que exprimir sus dotes de funambulista para intentar seguir convenciendo a los socios del procés de que no van a obtener de otros más de lo que él está dispuesto a darles. Si el Partido Popular cae en la tentación de entablar una puja para ganarse su confianza cometerá el mismo grave error que nos ha traído hasta aquí.