Un REF para hacer política

En Génova y sus redes territoriales se puede criticar –y se critica desde siempre– al PNV y sus tácticas extractivas, pero el Partido Popular, en el País Vasco, no se le ocurre cuestionar los fueros vascos ni su producto más valioso, el mal llamado cupo. Tampoco el PP de Andalucía ha rechazado lo que el PSOE llamó «la deuda histórica» del Estado con la comunidad autonómica. No lo hizo siquiera cuando gobernaba José María Aznar. En el último debate sobre el estado de la Comunidad andaluza se aprobó una propuesta de resolución presentada por Adelante Andalucía y apoyada por la mayoría absoluta de los conservadores para «oficializar la cuantificación de una nueva deuda histórica» a fin de reclamarla cuanto antes al Gobierno central. Los andaluces se quejan de estar infrafinanciados por el Estado y calculan que han dejado de percibir entre 2005 y 2024 alrededor de 13.000 millones de euros.

No podrá encontrar nadie una actitud comparable en el Partido Popular de Canarias. Tradicionalmente los dirigentes del PP canario no ha sido especialmente beligerantes –ni siquiera con gobiernos del PSOE– ante los problemas estructurales del país y no han entendido la imperiosa necesidad de acuerdos transversales para reclamar el cumplimiento de las peculiaridades económicas y fiscales del archipiélago hasta las últimas consecuencias. Por supuesto cabe hacer excepciones coyunturales. Durante el liderazgo de José Manuel Soria, y en particular durante su etapa como consejero de Economía y Hacienda el REF volvió a tomar parte relevante en la agenda política regional; desafortunadamente esa legislatura –entre 2007 y 2011– fue la de la peor crisis que ha vivido la economía canaria, cuyos dañinos efectos se prolongaron durante bastantes años más. Con el nuevo pacto que en julio de 2023 convirtió a Fernando Clavijo presidente del Ejecutivo y a Manuel Domínguez, vicepresidente y consejero de Economía, se designó un comisionado para el Régimen Económico y Fiscal, excelente propuesta, pero que no ayuda a solventar el problema central: la negativa de una parte sustancial de la derecha canaria a emplear los fueros reconocidos por Madrid y por Europa como un valioso instrumento para mejorar cualitativa y cuantitativamente el autogobierno de las islas. El REF y sus palancas no son un precioso objeto normativo, sino un conjunto de herramientas para hacer política y conseguir más libertad empresarial y comercial, más prosperidad económica, más bienestar social y, por tanto, más capacidad de autogobierno.

Muchos periodistas sostienen que el taimado y hastiante juego metropolitano de desarticular y al cabo neutralizar recursos como la Zona Especial Canaria o la Reserva de Inversiones resulta el fruto de la pachorruda ignorancia de políticos circunstanciales y/o de funcionarios técnicos que no comprenden las singularidades canarias y (además) carecen de cualquier interés en entenderlas. Yo creo sinceramente que los compañeros se equivocan. El intervencionismo madrileño, al mismo tiempo intencionado y cominero, que casi ha terminado en la agonía de la ZEC y la RIC no está dictado por la indiferencia de gobiernos de centroderecha o centroizquierda (yo no me trago treinta años de casual indiferencia) sino por la voluntad compartida de unos y otros para que Canarias no se fortalezca como comunidad autonómica y levante el vuelo político y competencial en los próximos lustros. Bruselas es ahora más imprescindible que Madrid para que Canarias no caiga en un riesgo existencial y sea un país viable. Conseguir evitar la compra de vivienda por ciudadanos comunitarios que no residen en las islas, poner límites poblacionales, mejorar una financiación específica en el marco de las RUP deberían ser, entre otros, objetivos comunes de nacionalistas, socialdemócratas y conservadores en la negociación con Madrid y con la UE. Porque el futuro ya se nos echa encima.

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