La agonía del sistema de pensiones

Algún año de la próxima década el sistema público de pensiones crujirá definitivamente y el Gobierno –sea quién sea quién lo ocupe– tendrá que actuar drástica y dramáticamente. Llegaremos a esa situación por la miserable responsabilidad de los dos grandes partidos españoles, desde luego, pero sobre todo del PSOE. Porque los socialistas convirtieron en batalla política la derogación del llamado factor de sostenibilidad inaugurado durante el mandato de Mariano Rajoy e instalar de nuevo la chifladura de subidas anuales ajustadas al IPC. Como escribe Conde Ruiz en un libro que uno ha citado y hasta regalado varias veces, La juventud atracada, «la combinación de bajas tasas de natalidad y una creciente longevidad ha provocado que sean los mayores, gracias a su peso electoral, quienes determinan la agenda política del país y el destino del gasto público». Los menores de 25 años representan a menos del 20% del electorado. El otro sector que exige continuismo en las políticas públicas es el funcionariado. Y son precisamente los jubilados y los funcionarios los colectivos que más votan en el país.

El pasado diciembre el Estado gastó en pensiones casi 13.000 millones de euros con un crecimiento interanual del 7,04%. Casi el 20% son de entre 2.000 y 3.000 euros mensuales, otro 6% cobran más de 3.000 euros al mes (son más de 600.000 jubilados). En total el pasado año se emplearon unos 200.000 millones de euros para abonar las pensiones. Por supuesto que esta montaña de pasta no se paga con las cotizaciones de los trabajadores en activo a la Seguridad Social. Una observación complementaria: el invierno demográfico, el aumento del número de ancianos, elevará el gasto público sanitario en unos 10.000 millones de euros anuales (enfermedades crónicas, cuidados sanitarios de larga duración) Dentro de apenas un lustro el 25% de la población española habrá cumplido los 65 años. Antes de 2050 serán una de cada tres. Canarias destaca en la escalada de pensionistas. En apenas 15 años hemos pasado de 235.000 a 342.000. Más de 100.000 personas. Dentro de muy poco aquí, en las Islas, comenzará a jubilarse el grueso de la generación baby boom. Entre hoy mismo y 2035 se jubilarán más de 150.000 canarios. Es también una pésima noticia para el equilibrio de cuentas públicas del Estado, pero cabe hacer una observación dolorosa: las pensiones isleñas salen más baratas, por los bajos sueldos que caracteriza al mercado laboral canario y el porcentaje superior de pensiones no contributivas respecto a otras comunidades autonómicas.

Es delirante pero nada de esto forma parte –ni en España en general ni en Canarias en particular– del debate público actual. En lugar de abrir un diálogo riguroso sobre la expansión, los costes financieros y la sostenibilidad del sistema se celebra con un eufórico riquirraca cada subida anual de las pensiones públicas. Hay una aseveración muy repetida entre las izquierdas cuya estupidez sólo la buena información y la experiencia vital ponen en su sitio: todo se arregla con voluntad política. No, en absoluto. Todo no es cuestión de voluntad política. Más bien la política es la actividad que se ocupa a gestionar una situación colectiva cuando no se puede resolver un problema simplemente con voluntad. La cuestión central no es tomarse la libertad –muy progresistamente– de subir las pensiones, sino de admitir los límites de un modelo que amenaza naufragio financiero en muy poco tiempo y que además pervierte cualquier principio de solidaridad intergeneracional. O se produce una reforma realista y consensuada o a los viejos de hoy, mañana y pasado mañana –es decir, a todos– les esperará, nos espera, un epílogo duro, angustioso y sin esperanza. n

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