Opinión | Visiones atlánticas

Hugo Luengo

Prioridades

Cuarta comision interministerial inmigracion

Cuarta comision interministerial inmigracion / Europa Press

Iniciado el año 2025, señalamos con Bjorn Lamborg desde su obra Lo que sí funciona la necesidad de centrarse en pocos temas cuando queremos hacer eficaz cualquier acción, actuar con prioridades. Y lo referimos al programa de nada menos que 935 objetivos, que el presidente de Canarias nos ofrece en su Plan Estratégico para Canarias 2024-2027, donde dice situar al ciudadano en el centro de sus prioridades. Es curioso observar que se repiten en todas las economías de la OCDE, democracias liberales, análogos problemas. Que aparecen en Canadá con la dimisión de su primer ministro, donde las exigencias ciudadanas prioritarias están en bajar los impuestos, construir viviendas, equilibrar el presupuesto, acabar con la delincuencia y la inmigración ilegal. Lo vivimos en ámbito UE, bloqueados en la globalización. Con grave pérdida de bienestar respecto a EEUU y China, mientras el Plan Draghi queda condicionado ante la inmigración ilegal, el pacto verde de la Agenda 2030, que arruina la agricultura, la industria y la energía, y la burocratización de Bruselas, que ralentiza cualquier iniciativa empresarial.

Medidas que se acrecientan en el ámbito nacional, donde inmigración, Agenda 2030 y burocratización se incrementan, al haber conformado de facto 17 mercados autonómicos, reforzados por sus leyes y normas y el rechazo a la Directiva Bolkestein de unidad de mercado. En este ambiente polarizado, donde la prioridad es mantenerse en el poder, se complican las soluciones. La oposición desde la plataforma de sus 12 autonomías y la mayoría de las capitales de provincia formulan como prioridades «la vivienda y la unidad de mercado». Vivienda que en el barómetro del CIS de diciembre lidera la lista de problemas de España por delante del paro, la crisis económica, gobierno, partidos y corrupción. No debe extrañarnos por cuanto el déficit de vivienda es esencialmente un problema de oferta, desatendida tanto en Vivienda Protegida desde el año 2000, como reducida en la privada por la maraña administrativa, los costos descontrolados, las cargas fiscales, el soporte bancario y el pago de la entrada no financiable.

En nuestro escalón autonómico vemos diluirse las prioridades con un Plan Estratégico que se expande sobre 935 objetivos y que incumple la promesa electoral de bajar el IGIC al 5%, esencial en nuestro estatus REF. Son la inmigración ilegal, la vivienda, los impuestos y la burocratización, 4 objetivos, no 935, donde debemos centrar las prioridades. Abordarlas exige partir de un referente común; el primero la finalidad de la acción política es «servir al ciudadano», que los cuerpos políticos y funcionariales, perfectamente descoordinados, lo ejercen como «servicio a la ley», que es el instrumento y no el fin que usan para evadirse de sus obligaciones. En la misma línea actualizar la «cultura de colaboración» obligada en todos los escalones de las administraciones y sus entes y necesaria en el marco «público-privado», que el mundo woke rechaza. Y en tercer lugar una eficaz «liberalización de servicios», conforme a la Directiva Bolkestein del Tratado de Lisboa, cuyo incumplimiento ocasiona la desafección ciudadana de la UE y su democracia, especialmente entre los más jóvenes; huidos de la agenda woke.

Así desde Madrid en 2011 con Zapatero se anuló contra la legislación UE el «silencio positivo» en proyectos de edificación, obras, actividades, servicios y proyectos de urbanización, o la recuperación de la «seguridad jurídica» de los planes, cuando son anulados en su totalidad por causa menores; ambas acciones se resuelven en ámbito estatal. En ámbito autonómico donde se sitúa en gobierno y ayuntamientos la competencia vivienda, en Cabildos desde febrero 20 con el Decreto Ley 1/2024 de Vivienda, con escasa incidencia práctica a la fecha, y es urgente y obligado desburocratizar. Desconoce nuestra sociedad que nunca se ha dado en Canarias una situación de colapso como la actual, donde obtener una licencia tarda 1-3 años contra los 3 meses obligados. Para prever una inversión existen dos elementos esenciales, «plazo» que nos han puesto imposible y los «costes», donde no sólo aparecen costes nuevos de nuestras voraces administraciones, sino que se incrementan con los plazos imprevisibles. Para priorizar hay que servir al ciudadano con lealtad y humanidad.

Tracking Pixel Contents