Políticas para la transformación social

Canarias no debería preocuparse, a tenor de las cifras de éxito, de la solidez de su sector turístico y de la constante inyección de adrenalina que le proporciona al PIB regional. Pero la proyección no representa una curva de euforia completa ante el año 2025 entrante: los isleños reclaman un reparto más equitativo de la bonanza, tal como quedó reflejado en manifestaciones a lo largo de 2024. El Gobierno de Canarias se hizo eco de la reivindicación y se encuentra en fase de consulta a expertos en sede parlamentaria, no sólo para aminorar la brecha económica y proteger la cohesión social, sino también para fomentar un modelo alternativo más sostenible.

Se trata de un reto de altura, por no decir revolucionario. De la noche a la mañana no se crean las bases para consensuar criterios renovadores entre los agentes implicados, ni tampoco para levantar las estructuras de un nuevo tejido productivo. El descontento social, pese a su alterabilidad pendular, resulta un inequívoco toque de atención para los gestores públicos, sobre todo cuando el objetivo es acercarlos a la realidad social y sacarlos del bizantinismo que en ocasiones les absorbe.

Este malestar o hartazgo evidenciado en el año que está punto de clausurarse nos ha permitido conocer qué ingredientes lo nutren. Los isleños, entre otros males, ven su prosperidad colapsada por la falta de viviendas debido a la carencia de promociones públicas o por el aumento del alquiler vacacional; consideran, como reflejan las estadísticas, que sus sueldos no son acordes con el momento dorado que atraviesa la industria turística y rechazan la potencia depredadora y el voluminoso consumo de suelo con repercusiones negativas para el medio ambiente y la salud...

La clase política, como no debía ser menos, tiene que ser sensible a estas demandas. Canarias ha logrado como autonomía un progreso extraordinario, impensable a principios del siglo XX. El reconocimiento de su fuero, tanto por el Estado como por la UE, con importantes beneficios económicos y exenciones fiscales, cimenta por pura lógica la idea de que tantas consecuciones alcanzadas reviertan en la sociedad.

Hay debilidades crónicas en la educación; bolsas de marginalidad; barrios depauperados; mayores que esperan las ayudas de la dependencia; listas de espera insoportables... Hay que descender del Olimpo de la autosatisfacción.

La endeblez del sistema social nos coloca ante situaciones de esquizofrenia, como podría suceder con el fenómeno migratorio y su crecida dramática en el Archipiélago. El disenso entre socialistas y populares sobre la ley de extranjería y el reparto de los menores es una perita en dulce para la ultraderecha. Pero también un buen combustible para agitar las aguas de ese descontento social alrededor del actual modelo productivo, con el objetivo de extender la turismofobia que echa la culpa al turista de los desajustes, o la xenofobia que zarandea al migrante como responsable del retraso en las intervenciones de prótesis de rodilla.

Ni que decir tiene que una situación como la anterior convierte en deleznables a cualquiera de sus seguidores. La mejor manera de contrarrestarlo es que 2025 llegue con un ejercicio de humanidad, capaz de cercenar la vergüenza de los menores desatendidos. Los negociadores han sido empoderados por sus votantes para el sostén de la solidaridad, esencia y resistencia del pensamiento europeo frente a la reencarnación de posiciones de intransigencia y vasallaje inadmisibles disfrazadas de neofascismo. Los canarios, marcado por la migración a América Latina de sus antepasados empobrecidos por la sequía interminable, rechazan que su costa sea un vivero de muertes.

La endiablada legislatura, con un PSOE desesperado a la búsqueda de estabilidad, insufla incertidumbre a las reclamaciones isleñas ante Madrid. De manera irremediable, Canarias, al igual que otros territorios nacionales, va a tener que redoblar sus esfuerzos para no caer en la dinámica tóxica del enfrentamiento entre populares y socialistas. Una meta complicada, cuya dificultad ha quedado patente en las negociaciones para el acuerdo migratorio, pese a que el PP es socio de CC en el Ejecutivo canario.

A punto de caer 2025, Madrid acaba de renovar la gratuidad de las guaguas sin discriminación o nivel de renta, una medida que aumenta el poder adquisitivo de las familias isleñas y hace más llevadero los estragos de la inflación en la cesta de la compra -otro azote para los canarios- de los colectivos más vulnerables. Nos encontramos, por tanto, frente a una gestión política capaz de revertir una determinada situación social. El bucle de la política ininteligible, que no contribuye a la transformación, acarrea frustraciones y la insoportable sensación de orfandad frente a los embates negativos en su variada gama de la economía y sus ejecutores.