Opinión | Gentes y asuntos

La contabilidad de ETA

La exdirigente de ETA Ainhoa García Montero, Laia.

La exdirigente de ETA Ainhoa García Montero, Laia. / EFE

Un colega y amigo de los viejos tiempos de la Escuela de la Dehesa de la Villa y las exigencias de la Tv única, en la reserva activa, como yo mismo, me invitó a participar desde la distancia canaria en un coloquio en su Euskadi natal, a la que volvió en los últimos años. Fue una breve vacación y un grato reencuentro; el tema, el País Vasco sin ETA, era sugerente y, sobre todo, esperanzador y allí fuimos; discurrió por senderos previsibles y cordiales. En el avión de vuelta di un repaso a la documentación que nos brindaron y que, en honor a la verdad, no usé durante la conversación. La vuelta de tuerca temporal que me suscitaron los datos me amargó durante un rato porque, enseguida, frente a las cifras negras, pudieron las evidencias de una democracia imperfecta pero esperanzadora y, sobre todo, mal que les pese a algunos, irreversible a Dios gracias.

Entramos en harina: en el verano de 1959, un grupo de estudiantes radicales rompió de modo abrupto las relaciones con el nacionalismo histórico del PNV, desnortado tras la muerte del lehendakari José Antonio Aguirre y Lecube, y aislado por lo que calificaron como una traición de la comunidad internacional. Nació un grupúsculo clandestino que, a propuesta de José Luis Álvarez Emparanza, alias Txillardegi, se llamó Euskadi Ta Askatasuna y fijó cuatro pilares fundamentales: la defensa del euskara; el etnicismo, como superación del racismo; el antiespañolismo innegociable; y la independencia plena de los territorios de Álava, Vizcaya, Guipúzcoa, la Navarra peninsular y la Baja Navarra, Lapurdi y Zuberoa en suelo francés.

Debutaron en la violencia el 18 de julio de 1961 con una acción simbólica y, finalmente, fallida: el descarrilamiento de un tren ocupado por voluntarios franquistas que viajaron a San Sebastián para celebrar el «XXV Aniversario del Glorioso Movimiento Nacional». Desde entonces realizaron pintadas y colocaron artefactos explosivos e ikurriñas donde pudieron. En mayo de 1962 celebraron su primera asamblea en el monasterio francés de Belloc, en Bayona, de donde salió como Movimiento Revolucionario Vasco de Liberación Nacional, «organización clandestina que defiende la lucha armada, rechaza toda colaboración con partidos ajenos al nacionalismo vasco y apuesta por el proselitismo continuo».

Entre la primera víctima de la barbarie (el guardia civil José Antonio Pardines asesinado el 7 de junio de 1968 en Villabona) y la última (el gendarme Jean Serge-Nerín, cerca de París, el 16 de marzo de 2010) se contaron 853 muertos según datos del Ministerio del Interior, que la Fundación Víctimas del Terrorismo eleva a 856 y cita a 20 menores de edad. A esta terrible suma se añaden 2.600 heridos y 90 secuestros; el más largo fue el de José Ortega Lara, que duró 532 días.

En el que los terroristas llamaron «el tiempo del plomo –1978, 1979 y 1980– mataron a 244 personas y, en el último año a 97, nada menos. Muchos de los crímenes de ese trienio no se resolvieron. El escenario central de los asesinatos fue Euskadi con 575 víctimas y la provincia más castigada Guipúzcoa, donde cayeron cuatro de cada diez víctimas; le siguen Vizcaya y Madrid. Barcelona cargó con el triste récord del más grave de los atentados, ocurrido el 19 de junio de 1987: murieron 21 personas y otras 47 resultaron heridas.

Después de éste, los atentados con más daños y víctimas apuntaron a la Guardia Civil, que perdió a doce números en la explosión de un coche-bomba en la Plaza de la Repúblicana Dominicana de Madrid el 14 de julio de 1986. También fueron de suma gravedad los ataques a las casas cuarteles de Zaragoza el 11 de diciembre de 1987 con 11 fallecidos; y al de Vic, Barcelona, el 29 de mayo de 1991, con nueve muertos; en los dos casos cayeron mujeres y niños de corta edad.

ETA atentó en 24 provincias españolas, la última en Baleares, donde tuvo lugar el último atentado que la banda perpetró en suelo español, ocurrido en la localidad turística de Palma Nova el 30 de julio de 2009, en el que fallecieron los guardias civiles Carlos Sáenz de Tejada y Diego Salvá.

Más de la mitad de las muertes de ETA, exactamente 6 de cada 10 y unas 500 en total cayeron en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y del Ejército; la Benemérita contó más de 200, la Policía Nacional, 150 y un largo centenar repartido entre militares, policías locales y ertzaintzas. Cayeron también ante la violencia criminal de los etarras el catedrático y expresidente del Tribunal Constitucional Francisco Tomás y Valiente, tiroteado en su despacho de la Universidad Autónoma de Madrid, y la fiscal de la Audiencia Nacional Carmen Tagle, una de las 59 mujeres asesinadas por la banda. Entre los civiles, también destacan los cargos políticos. Según el informe Foronda, encargado por el Gobierno vasco, solo en democracia fueron asesinados 31 cargos políticos, en su mayoría concejales del PSOE y el PP, crímenes acentuados desde los años 90, donde destacaron por la amplia repulsa los de Gregorio Ordóñez, concejal popular de San Sebastián, e Isaías Carrasco, edil socialista de Mondragón.

Evocar el triunfo y la costumbre de la democracia de la democracia nos produce el mismo alivio que el despertar de una pesadilla aunque el panorama político chirríe y los peores modos en contenidos y formas nos desanimen, como decía un pensador latino, «por la vulgaridad de los tribunos», pero lo que sea y como sea antes que el terror.

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