Decentes pero obedientes

Ángel Víctor Torres, expresidente de Canarias y ahora ministro de Política Territorial, negó ayer en el Senado hacer cobrado comisiones de la trama de Koldo García. Es muy relevante aclarar que ni Víctor de Aldama ni el propio exasesor de José Luis Ábalos han afirmado que se le haya entregado un euro de Torres. El empresario fetén dijo ante el juez que don Koldo le había exigido 50.000 euros para Torres (y que se los entregó). Pero el señor García contradijo a Aldama: jamás le había pedido ninguna cantidad para un cargo público. Es decir que, en sentido estricto, ni uno ni otro habían afirmado explícitamente que le habían soltado pasta al político canario. Ya sé que es una opinión personal, que lo importante es lo que al final decida la autoridad judicial pero al igual que hace tres semanas o tres meses no creo que Torres haya cobrado mordidas. No creo que Torres haya recibido jamás dinero manchado por la corrupción y admito que me produce cierta repugnancia ver que un hombre que en un cuarto de siglo dedicado a la política no ha tenido un mísero traspiés judicial, ni siquiera una multa de tráfico, se vea abocado a defender su honorabilidad de acusaciones sin pruebas.

La estrategia del PSOE canario sobre las muy rentables andanzas de la trama Koldo en Canarias es negarlo todo, y cuando algo no se puede negar, relativizarlo: era muy difícil gestionar una situación de pandemia universal y la prioridad estaba en salvar vidas y no en cumplir escrupulosamente la legalidad –ni siquiera la especial legalidad de emergencia–. Son las directrices que han seguido los socialistas canarios en la comisión de investigación del Parlamento regional. Naturalizar las decisiones de legalidad discutible por motivos de salud pública, insistir en que los responsables políticos no tomaron decisiones contractuales y caracterizar los millones perdidos, por ejemplo, por la extraña simpatía del SCS hacia la empresa RR7 como un caso de dolorosa mala suerte. En el fondo de la argumentación socialista late un subtexto: si la urgencia en salvar vidas y atender enfermos excusa de cualquier responsabilidad legal debe admitirse un correlato que consiste en obviar la responsabilidad política. Por ahí pretenden escapar. Pero precisamente por ahí no hay ninguna salida.

Primero, porque las premisas son falsas. Son las mismas premisas en las que se atrincheró Torres en el Senado. Hace quince días la publicación de un conjunto de correos electrónicos y órdenes firmadas por Julio Pérez en abril de 2020 demostraba que el Comité de Emergencia Sanitaria, presidido por el entonces jefe del Ejecutivo, tomó decisiones en la compra de material sanitario, seleccionando proveedores e incluso ordenando pedidos. No entiendo que Torres siga insistiendo en lo contrario. Es grotesco que se quiera hacer pensar que un jefe de Servicio –o una directora general– pueda tomar finalmente en solitario decisiones como esas en coyunturas tan delicadas. Nadie tiene que dudar inicialmente de Ángel Víctor Torres cuando asevera que ni Víctor de Aldama lo conoce ni él conoce a Víctor de Aldama. Pero hace varias semanas el secretario general del PSOE debió reconocer que se había reunido en Santa Cruz de Tenerife con Ignacio Díaz Tapias, empresario amiguísimo y compinche de Aldama y actualmente investigado. En su momento también dijo que no había hablado con Koldo García, pero los informes de la Guardia Civil han revelado conversaciones entre ambos en los que el asesor le informa o pretende informarse de cómo van los pagos a empresas de la trama contratadas por el Gobierno autonómico.

El PSOE canario insiste incansablemente en que ninguno de los militantes cobró un céntimo: si no existe responsabilidad delictiva no existe responsabilidad política. No es así. Solo el caso de los cuatro millones de euros de RR7 debió abrir una investigación interna en el PSOE y estimular expulsiones ejemplarizantes. Pero no es posible. No, aquí no cobró nadie. Pero se cuadraron frente (bajo) el secretario federal de Organización para que otros (supuestamente) pudieran hacerlo. n

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