Dato mata a relato

El Régimen Económico y Fiscal (REF) de Canarias tal y como lo conocemos hoy, se remonta a medio siglo atrás. Sin embargo, este compendio de ayudas al acceso de los ciudadanos a servicios esenciales como la luz y el agua o los desplazamientos entre islas o a la Península; incentivos a la inversión y producción empresarial y fiscalidad reducida hunde sus raíces en el último tercio del siglo XV, entre 1483 y 1487, con la finalización de la conquista castellana y la puesta en marcha de las exenciones y franquicias pactadas entre Fernando Guanarteme y los Reyes Católicos en un tratado de paz y anexión a la Corona de Castilla tras los cinco años que duró la guerra de conquista de las islas centrales del Archipiélago. Valga el hecho de que esa cantidad de tiempo supera a la que tardaron en dominar el actual terriorio de México en las expediciones castellanas a la América del Sur para darse cuenta de la importancia de la resistencia Gran Canaria, en particular, e isleña en general. 

Después de siglos de modificaciones se logró reforzar la filosofía del REF de Canarias a través del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y el reconocimiento del archipiélago como Región Ultraperiférica (RUP) y del Estatuto de Autonomía. No obstante, se echa siempre en falta una mayor protección en la Constitución Española. Con todo, lo peor no es solo la incomprensión hacia el REF por parte de funcionarios y políticos estatales, pues esa falta de compresión también afecta a grupos políticos canarios y a una parte de la ciudadanía que percibe como poco reconocibles sus beneficios en el día a día de las islas. Es evidente que algo va mal para que las cosas sean así. Más transparencia y más evaluación del impacto de las ayudas fiscales sin duda ayudarían a que el dato matara al relato negro sobre el REF. Duele.