El modelo Viena

El Gobierno de España ha presentado el segundo bono joven para ayudar con el alquiler, dotado en esta ocasión con 200 millones de euros que gestionarán las comunidades autónomas para que tramiten ayudas de 250 euros mensuales. El bono no cuenta con el apoyo unánime del Gobierno. Sumar lo considera una propuesta cosmética y oportunista, y cree que solo se trata de una medida planteada por el Gobierno para responder ante las manifestaciones de este pasado fin de semana, y la propuesta de huelga de inquilinos, que llevaría a un impago masivo de rentas. Desde el PSOE se ha recordado que aunque la medida se anuncia después de la manifestación, la decisión de disponer de esos 200 millones es anterior a la protesta. Sánchez ha acuñado estos días una de esas sentencias con las que aspira ser recordado por la historia, o al menos por los electores.

Ha dicho que no quiere una España «con propietarios ricos e inquilinos pobres», como podría haber dicho también que no quiere una España con empresarios ricos y currantes pobres, o –más ajustadamente– una España con ricos y pobres. Sánchez olvida a veces que está en el Gobierno, y que está para hacer que lo que no quiere que sea España deje de serlo, o al menos para avanzar en que deje de serlo. La medida que propone –los bonos– ha ayudado hasta el momento a solo 65.000 jóvenes, uno de cada cuatro solicitantes. No parece que el Gobierno vaya a solucionar el problema del inquilinato repartiendo 200 kilos entre los más avispados o más rápidos.

Sánchez parece haber renunciado a la construcción de esas 200.000 viviendas sociales que prometió durante la última campaña electoral. Construirlas constaría bastante más que 200 millones, y además se tardaría tanto que quizá la medida no llegue nunca a ser rentabilizada por quien la emprenda.

Y quizá esa es la clave que explica por qué vivimos instalados en una monumental crisis de vivienda. Algo tiene que ver el hecho de que somos cada vez más, todos queremos vivir en los mejores barrios de las capitales, y la regulación de la construcción hace más difícil para la iniciativa privada hacer frente a los requisitos que hoy implica un proyecto constructivo. Es difícil que esa situación mejore solo regulando los precios, como propone Sumar. En todos los lugares donde se ha intentado mejorar la situación del alquiler regulando precios –un eufemismo para ocultar que de lo que se trata es de limitar artificialmente los precios– lo que ocurre es que el parque de vivienda disponible para alquiler ha menguado, la oferta ha retrocedido y los precios se han disparado. En todos los sitios donde se ha intentado mejorar la disponibilidad de vivienda frenando precios, la oferta se ha hundido, y el resultado al final es que se alquila menos.

Sólo existe una excepción a esa regla, que es la ciudad de Viena. Es el único municipio del mundo desarrollado que ha logrado controlar los precios por ley, y al mismo tiempo expandir la oferta y lograr que decenas de miles de ciudadanos alquilen en los últimos años. Podría decirse que es la excepción que confirma la regla. ¿Y por qué ocurre así? Pues porque en Viena se han construido centenares de miles de viviendas sociales desde el fin de la Segunda Guerra, y no ha dejado de hacerse en las últimas dos décadas. La ciudad es hoy propietaria de más de la mitad de las viviendas en alquiler, situadas por cierto en zonas estupendas, con buenos servicios y construidas con especificaciones técnicas de altísima calidad. Casi un millón de personas, la mitad de la población de Viena, vive en pisos sociales y viviendas subvencionadas. Viena es hoy una de las mejores ciudades para vivir de todo el mundo.

Pero eso no es gratis: el presupuesto anual que el municipio invierte en vivienda social supera los 400 millones de euros, el más alto del planeta y en una ciudad relativamente pequeña. Se financia con un impuesto específico a la vivienda que pagan todos los austriacos, con cargo a sus ingresos brutos, y que también pagan las empresas en función de sus beneficios, y que se destina exclusivamente a la construcción. La ciudad sigue subvencionando alrededor de seis mil nuevos pisos por año.

Aun así, no existen fórmulas milagrosas: los precios del alquiler han aumentado, las listas de espera para alquilar son cada vez más largas y la cuota de la vivienda social se reduce frente a la de la construcción privada, como resultado de la superpoblación y la especulación, alimentada por los bajos tipos de interés. El debate en Viena es si deben subir los impuestos para financiar más viviendas, cada vez más lejos del centro, donde la gente no quiere vivir. Es un debate adulto, en el que ponen en juego deseos, intereses y costes. Un debate alejado de la infantil cerrilidad de nuestros dirigentes, que nos mienten diciendo que todo puede lograrse a golpe de decreto. Sin que hacerlo le cueste nada a nadie. Ni siquiera los 200 millones con los que Sánchez entretiene al personal.

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