Silencio y rabia

Ayer el Congreso de los Diputados reconoció a Edmundo González Urrutia presidente electo de Venezuela, una moción del PP a la que se unió, entre otros partidos, Coalición Canaria. Me parece una noticia espléndida. Pedro Sánchez acertó plenamente al conceder asilo político a Edmundo González en España, pero frente a la dictadura venezolana es imprescindible no usar medias tintas. Sobre todo cuando González debió exiliarse porque Maduro y sus secuaces no están dispuestos a tolerar vivo o libre al candidato que les ganó las elecciones presidenciales del pasado julio. Si el veterano diplomático hubiera perdido incontestablemente las elecciones, sin duda se le sometería a burla y escarnio por el chavismo, pero quizás no habrían amenazado su vida.

¿Por qué el Parlamento de Canarias no se pronuncia en el mismo sentido y reconoce –simbólicamente – a González Urrutia como presidente electo? La inmensa mayoría de los españoles que viven en Venezuela (y sus hijos y nietos) son de origen canario. Más de 55.000 venezolanos han encontrado refugio en las islas en su huida de la miseria y la violencia del chavismo. En el pleno parlamentario que concluyó ayer dos canario-venezolanas, Jennifer Curbelo y Socorro Beato, en distintas iniciativas, facilitaron cifras y proyectaron una imagen precisa del drama venezolano y su diáspora por América y Europa: son más de existe millones de personas. Un 20% de su población nativa. Es espeluznante. No me cabe duda que el Gobierno autónomo y distintos cabildos aumentarán en sus presupuestos del próximo año el gasto en programas de apoyo a los canarios en Venezuela. Es una necesidad política y una obligación moral incuestionable. Pero ahí parecen detenerse los principales partidos políticos canarios, incluida Coalición y NC.

Desde siempre los gobiernos autonómicos han intentado evitar entrar en harinas que podrían ser consideradas competencias de carácter estatal, como las relaciones exteriores. Cuando inadvertidamente o no se ha roto esta regla se han puesto muy nerviosos. Recuerdo lo ocurrido con motivo del fracasado golpe de Estado contra Hugo Chávez en abril de 2002. Detenido el presidente legítimo de la república en un fuerte militar, Pedro Carmona juró en Miraflores el cargo de jefe del Estado. Apenas 47 horas después Hugo Chávez era repuesto y Carmona, expresidente de la patronal Fedecámaras, sometido a arresto domiciliario. Por entonces presidía el Gobierno de Canarias Román Rodríguez y alguien le acercó un micrófono y le pidió su opinión. Muy brevemente, Rodríguez celebró que Venezuela emprendiera el regreso a la democracia. Cuando en la agencia Ideapress se nos ocurrió publicar estas declaraciones nos cayó la del pulpo. Uno de esos pulpos que se enfrentaron con el Nautilus, gigantescos, fuertes y babosos. Desde Presidencia del Gobierno aullaban exigiendo una rectificación. Gente amable, gentil y razonable del equipo de Rodríguez se mostraban descompuestos, como enfermos de cólera morbo, y telefoneaban una y otra y otra vez. Al final llegamos a un acuerdo y afortunadamente todo se calmó.

Rodríguez cometió un error. Y en el fondo de ese error está la misma razón que alimenta la discreción del Gobierno actual y de todas las administraciones. En Venezuela el gobierno canario actúa como una suerte de ONG que debe lidiar, para materializar sus programas de ayuda, con el gobierno federal o con los estados. Todos, por supuesto, chavistas. Una declaración política desde el Gobierno de Canarias podría llevar a la dictadura a boicotear activamente la ayuda del Ejecutivo canario, a negarse a colaborar, a paralizar expedientes, en cerrar las puertas de los despachos. Entiendo todo ese espantoso realismo, pero confieso que me consume la rabia contra esos asesinados, ladrones y farsantes que exigen ya no respeto, sino admiración dentro y fuera del país que mantienen secuestrado a punta de bayoneta y hambre.

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