Un acto premeditado

Vox ha lanzado una ofensiva en todos los Parlamentos autonómicos exigiendo cerrar los centros de migrantes y proceder a la inmediata repatriación de los internados. Es una medida irrealizable y absurda, pero no importa, porque solo se trata de dar un espectáculo político ante sus electores y frente al reparto de los migrantes menores acogidos en Canarias.

Lo que plantea la ultraderecha española no puede hacerse. Ni aunque les dejaran podrían meter unos ciudadanos en un avión y mandarlos sin documentación hacia el primer país que se les ocurra. Es una memez. Las repatriaciones son un complejo proceso donde interviene la negociación con los países de acogida y la pasta que les tienes que pagar por cada “ciudadano” sin papeles que acepte como suyo. O sea, que estamos hablando de un negocio. Y de una mercancía, que es como se trata a esos miles de migrantes ilegales.

Cataluña no quiere migrantes africanos. Ni el País Vasco. Ni otras comunidades, que andan calladitas. Cada una de ella tendrá sus razones, pero a los efectos que nos importan a los canarios, son irrelevantes. La entrada ilegal por las fronteras de España debería ser un problema de Estado, si esto realmente fuera un Estado. Y hace tiempo que el Gobierno tendría que haber tomado decisiones al respecto. Lo que pasa es que estamos en otra.

Todo hace pensar que el reparto de migrantes menores tutelados en Canarias es una cuestión de buena voluntad, de solidaridad y de negociación entre las propias comunidades. Y esa es una primera falsedad. ¿También va a ser objeto de negociación la derivación de migrantes mayores de edad que entren por las fronteras de las islas? ¿Se imaginan ustedes setenta u ochenta mil migrantes concentrados en Canarias porque el resto de territorios no quiere saber nada de ellos?

Se está haciendo política electoral con la situación de colapso de los casi seis mil menores tutelados en Canarias. Los partidos quieren desgastarse mutuamente ante sus votantes y el electorado de Canarias no es algo que les importe especialmente. Y mientras tanto, la situación de la atención a los menores empeora. El Gobierno Peninsular ha gobernado a golpe de decreto. Una y otra vez: casi ciento cuarenta en los últimos años. Ha impuesto medidas a saco y cuando le ha dado la gana. Y ahora, repentinamente, se ha vuelto flexible y dialogante, cuando de lo que se trata es de repartir una carga en razón de Estado. Caca de la vaca electoral.

Los socios políticos del PSOE no apoyarán el reparto de menores. Y el socio del PP tampoco. Esto es lo que hay. Y no va a cambiar, por mucho que mareen la perdiz. Los dos grandes partidos están condenados a ponerse de acuerdo o a pasar de las islas y pagar un precio. ¿Creen que les importa? Pues se equivocan. No pintamos un colín. Madrid no ha tratado a Canarias como una frontera vulnerable, cosa que sí ha hecho con el Estrecho y el Mediterráneo, zonas blindadas con el refuerzo de medios civiles y militares que aún hoy están desplegados. Es eso lo que ha convertido a Canarias en un objetivo prioritario de las mafias. Lo que estamos viviendo y lo que vamos a vivir en los próximos meses, no es casualidad. Es el resultado previsto.

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