Opinión | A babor

¿Quién le pone el cascabel al gato?

Edificio de viviendas vacacionales en la capital grancanaria.

Edificio de viviendas vacacionales en la capital grancanaria. / j. c. cASTRO

El alcalde de Barcelona, el socialista Jaume Collboni, anunció el pasado viernes la intención de su Ayuntamiento de liquidar todas las viviendas vacacionales de la ciudad en cinco años. Se trata de una decisión que ha provocado casi inmediatamente dos reacciones contrapuestas: el apoyo de una ciudad harta de un turismo del que viven varias decenas de miles de barceloneses, y la reacción de la patronal y del PP acudiendo a los tribunales. La noticia de la desaparición de los pisos turísticos antes de 2029 –como suele ocurrir- esconde un par de trampas: una es que –en realidad- los pisos no desaparecerán en esa fecha, aunque se llegara a materializar sin problemas la política del ayuntamiento. Y es que la propuesta de Collboni, aunque no lo anunció en la multitudinaria rueda de prensa ofrecida para presentar el cierre de los pisos vacacionales, incluye la posibilidad de prorrogar otros cinco años el alquiler turístico de las viviendas, hasta el año 2034, con la única condición de que los dueños hayan realizado alguna inversión en los mismos. Collboni se ampara en un decreto de la Generalitat, muy parecido a lo que propone la ley que ha presentado el Gobierno de Canarias, que emplaza a los ayuntamientos a decidir antes de 2028 cuántas viviendas de uso turístico quieren. En Barcelona una decisión del ayuntamiento de 2014, congeló los pisos en 9.600 que son los que hay todavía hoy, y los que la medida quiere hacer desaparecer.

La otra trampa es que Collboni aprovechó la presentación para anunciar la “flexibilización” –ya saben lo que significa realmente esa palabreja- de la normativa que obliga a los promotores de la ciudad condal a construir un 30 por ciento de viviendas sociales, de acuerdo con la norma aprobada por la anterior alcaldesa, Ada Colau.

De esa forma, el argumento fundamental de la decisión liquidadora –facilitar el acceso a la vivienda de los menos favorecidos, entre ellos los jóvenes- se enfrenta a la propuesta de reducir también el número de viviendas sociales que los constructores están obligados a hacer para conseguir las preceptivas licencias. Lo que hace Collboni es meter una palada de arena para colar al disimulo otra de cal en el diseño de la política municipal de vivienda: libera a los empresarios de la construcción de la presión de construir barato para vender barato, y obliga a los propietarios de las 9.600 viviendas vacacionales de Barcelona a poner en el mercado residencial sus propiedades. Si eso no es lo mismo que favorecer a los constructores en detrimento de los pequeños propietarios, ya me dirán ustedes que es.

La cuestión es que la proliferación de viviendas destinadas a alquiler turístico ha significado –además de una reducción importante de la oferta residencial, y el aumento de las molestias que supone soportar a cada vez más turistas pululando por todos lados- la democratización en el reparto de los beneficios del turismo, haciendo que la riqueza que el sector produce llegue a muchos pequeños propietarios, mucha más gente favorecida por el maná que antes de que los hoteles y aparthoteles fueran la única opción de hospedaje para el visitante. Hoy son decenas de miles las personas que reciben una parte de la tarta que supone el turismo, gente que rentabiliza una inversión familiar y obtiene un beneficio muy superior al que obtendría con alquileres residenciales. Eso reduce los dineros que llegan a la gran industria hotelera, hasta el extremo de que ya son muchas las empresas hoteleras que han decidido controlar vivienda vacacional.

En Canarias la oferta es de nada menos que 55.000 viviendas, de las que –según datos del propio Gobierno regional- la mitad son gestionadas por personas que poseen únicamente una instalación en propiedad. El resto, estaría en manos de personas o entidades que poseen más de una, y de esas más de la mitad de las camas –cerca del sesenta por ciento- estarían gestionadas por empresas. Extraño sería que un sector hotelero que se queja de la competencia desleal de ciudadanos privados, no haya caído inmediatamente en la tentación de meterse en el negocio. Algo parecido hicieron hace años los plataneros canarios, cuando decidieron vender también banana centroamericana. No suele haber muchos empresarios que le hagan ascos a ganar dinero haciendo lo que hace la competencia.

La cuestión es por donde empezar cuando se trata de limitar el impacto de la vivienda destinada a uso turístico en el alquiler residencial que es el objetivo declarado de las decisiones restrictivas que se comienzan a aplicar por toda la geografía nacional, y que pueden llegar a tener un impacto económico importante en muchas economías domésticas. Lo razonable, piensa uno, sería empezar por las grandes concentraciones de propiedad, no por los pequeños propietarios. A fin de cuentas, a quien va a beneficiar más la medida de reducir la vivienda vacacional es a los hoteleros. Pero a ver quién le pone el cascabel a ese gato.

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