Opinión | Cartas al director

Javier Díaz Malledo

ERC quiere más privilegios

El expresidente de ERC, Oriol Junqueras, interviene durante el acto de ‘Ahora Repúblicas’, en el Círculo de Bellas Artes, a 29 de mayo de 2024, en Madrid (España).

El expresidente de ERC, Oriol Junqueras, interviene durante el acto de ‘Ahora Repúblicas’, en el Círculo de Bellas Artes, a 29 de mayo de 2024, en Madrid (España). / Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

Para apoyar al socialista Illa en una eventual investidura como Presidente de la Generalitat, ERC exige la «soberanía fiscal», es decir, que Cataluña salga del modelo común de financiación autonómica hoy vigente para 15 de las 17 CCAA y pase a recaudar, gestionar y distribuir el 100% de los tributos generados allí, con Agencia Tributaria propia y una fórmula similar a los Conciertos del País Vasco y Navarra. Una exigencia que choca frontalmente con la Constitución y la LOFCA.

Esa aspiración de ERC -que comparte el partido de Puigdemont- no es nueva. Data del tiempo en que Artur Mas presidía el Govern y responde, entonces y ahora, a dos ideas básicas: 1ª) que como la financiación por habitante derivada de los Conciertos, con su arbitrario y opaco cálculo del Cupo, es mucho mayor (del orden del 50%-70%) que la resultante del modelo común, también la querrían los nacionalistas catalanes; y 2ª) que un pacto fiscal bilateral subrayaría la relación de tú a tú con el Gobierno Central que dichos nacionalistas persiguen, en pos de una suerte de confederalismo.

Pero -obstáculos legales aparte- hay motivos económico-tributarios que convierten la pretensión de ERC en contraproducente en un Estado cuasifederal como el español. No solo porque en los países federales se considera que el nivel central es el más adecuado y eficiente para recaudar impuestos que tienen bases imponibles territorialmente movibles o cuya carga puede fácilmente trasladarse de un nivel a otro y que además son de gran potencia recaudatoria (como Sociedades o IVA), sino también porque dado el peso de Cataluña en el PIB total español, un «Cupo catalán» despojaría al Gobierno Central de una proporción decisiva de sus recursos destinados a realizar tareas esenciales de su sola competencia: las de estabilización macroeconómica y las redistributivas, que aseguren cierta igualdad entre CCAA en la provisión de servicios públicos.

Javier Díaz Malledo

Santa Cruz de Tenerife