Opinión | A BABOR

Una situación de guerra

El Gobierno de España tiene que aprobar una ficha financiera que acompañe la reforma de la ley y establecer con claridad el mecanismo para que el dinero llegue a donde debe llegar en el plazo en que debe hacerlo

Rescate de una patera en las costas de Lanzarote (Canarias).

Rescate de una patera en las costas de Lanzarote (Canarias). / Europa Press

Parece que al Gobierno regional por fin se le están hinchando las narices, se le agota la paciencia. La Consejera de Bienestar social fue categórica al describir la situación que vive Canarias en materia de llegada de menores inmigrantes como una «situación de guerra». Las cifras que aporta son terroríficas, por cuanto adelantan una situación realmente insostenible: de aquí a finales de este mismo año, las previsiones de la Guardia Civil es que Canarias reciba once mil menores migrantes más, aparte de los 5.700 que ya tenemos ahora.

Si nadie pone remedio a lo que está ocurriendo, a finales de año, cerca de veintemil niños y adolescentes estarán al cuidado de una región que ya gasta para alojar a estos chicos cerca de 90 millones de euros, y que carece de recursos económicos y de cualquier otro tipo para poder hacer frente a esa situación. La consejera reconocía en unas declaraciones publicadas este domingo que la única opción posible si Madrid no se moja inmediatamente en el asunto es montar carpas para alojarlos, es decir, repetir la situación vergonzosa de Arguineguín, ahora con menores.

En estos momentos hay en el Archipiélago hasta 80 centros de acogida en funcionamiento, 50 más de los que había hace cinco meses, cuando empezó el año. Se ha realizado un esfuerzo gigantesco, pero no se pueden crear otros 150 centros de acogida –que son los que se necesitarían- de aquí a finales de este, no hay posibilidad ninguna de hacerlo. El actual Gobierno ha iniciado las obras para poder adaptar dos centros abandonados por el anterior ejecutivo, pero va a ser imposible llegar a tiempo. Y Bienestar Social ha negociado dentro y fuera del propio Gobierno de Canarias a la desesperada: con Educación, en busca de colegios en desuso, con Defensa, solicitando la instalación de centros militares vacíos, con los ayuntamientos, los cabildos, incluso con la iglesia… pero es imposible resolver el problema con la suficiente premura.

Mientras las islas cargan en solitario con casi 5.700 niños y adolescentes, el Gobierno nacional sigue sin cerrar plazos ni aclarar cuál es su estrategia. Todo lo que hace es señalar al PP y decir que no quiere hacerse cargo de los chicos que no caben en las islas. No se pronuncia sobre la fecha de la modificación de la Ley de Extranjería que da al Gobierno de la nación la potestad de obligar a imponer cuotas de reparto, ni dice ni pío de cómo se financiará la medida, para que sea posible aplicarla por todas las comunidades autónomas.

Es falso que las regiones del PP se opongan al traslado de menores desde Canarias. Es pura propaganda: es verdad que hay problemas en la localización de ubicaciones para nuevos centros, ayuntamientos que se niegan –como ocurre también en Canarias–, dificultades para tener a tiempo instalaciones dignas, pero ninguna comunidad autónoma, ninguna, se ha negado a reformar la ley ni a acoger a más menores, la cuestión es que no hay certeza de que vaya a llegar la financiación necesaria, y sin financiación, no hay región que pueda asumir la responsabilidad, aunque sea obligatoria. Las regiones no pueden gastar por encima del techo de gasto que se les ha impuesto, no pueden –ni siquiera queriendo– hacerse cargo de la financiación para abrir centros y atender a los chicos que se les adjudiquen. El Gobierno de España tiene que aprobar una ficha financiera que acompañe la reforma de la ley y establecer con claridad el mecanismo para que el dinero llegue a donde debe llegar en el plazo en que debe hacerlo.

Pero estamos hablando de una legislación comparativamente sencilla de aprobar, y de unos recursos –importantes para una región– pero en absoluto insoportables para el Estado. El ministro Torres, responsable de la negociación, denunció siendo presidente regional con el pacto de las flores que la situación de Canarias era insostenible. Y teníamos entonces solo a dos mil chicos. Por supuesto que resolver la papeleta no es fácil, pero estamos ante la mayor crisis humanitaria a la que se ha enfrentado el país en los últimos años, y además afecta a menores.

Supongo que encontrar los 200 o 300 millones que habría que transferir al total de las regiones este año, Canarias incluida, para hacer frente a este desafío debería ser mucho más sencillo que encontrarlos para condonarle 15.000 millones a Cataluña, algo que el Gobierno ya ha anunciado que hará, exclusivamente porque necesita el voto de Puigdemont para no hacer el ridículo retirando sus propuestas en cada sesión del Parlamento, porque sin Junts carece de apoyos para aprobarlas. Si se pueden encontrar 15.000 millones, seguro que se pueden encontrar 300. Si se pudo forzar la constitucionalidad con la amnistía, y sacarla a reacción, también para garantizar la continuidad de Sánchez en Moncloa, supongo que podrá sacarse una ley que establezca como obligatorio el reparto de menores entre las regiones, una ley que impida que Canarias tenga que enfrentarse a meter a chiquillos en carpas y tratarlos como si fueran animales…

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