Opinión | A BABOR

Una reforma sin ficha financiera

El PSOE ha insistido mucho en estos días en que todo está ahora en manos de Feijóo, que depende del PP y de sus acuerdos con Vox que el acuerdo se cumpla

Ángel Víctor Torres

Ángel Víctor Torres / LP/DLP

El anuncio de la modificación de la Ley de extranjería, para poder distribuir fuera de Canarias a los menores inmigrantes no acompañados, tenía que haber sido una buena noticia. Para el ministro Torres, especialmente. Siendo presidente del Gobierno regional –cuando los menores en Canarias eran dos mil y no los 5.660 que son ahora– dijo que la situación de las islas era absolutamente insostenible, y aseguró que haría lo necesario para convencer al Gobierno de la nación para que las derivaciones se pudieran producir. Hace dos días, tras cerrar un acuerdo con el presidente Clavijo, Torres grabó muy satisfecho un vídeo explicando el acuerdo con el que se supone se da carpetazo al asunto, pero no fue capaz de decir –ni lo ha hecho hasta ahora– si la reforma se realizará por la vía del real decreto ley, que es la que se quiere aplicar desde Canarias, porque es mucho más rápida, entra en vigor al ser aprobada por el Consejo de Ministros –luego debe ser convalidada por las Cortes Generales antes de 30 días–, mientras el Gobierno español –que usa los decretos ley absolutamente para todo– quiere que esta concreta reforma se haga como proposición de ley...

Por desgracia, el texto del acuerdo para modificar el artículo 35 de la ley de Extranjería, y establecer un límite de tres mil (mil más de lo que era insostenible para Torres hace un par de años), no establece una ficha financiera que señale cómo se va a compensar a las regiones por asumir una competencia que no es suya, y eso no parece necesariamente una chapuza, sino más bien una intencionada manipulación: las regiones gobernadas por el PP están dispuestas a hacerse cargo de los menores que les toquen, si el Gobierno financia el asunto, pero no si no pone los millones que cuesta atender a los menores. Puede presentarse como una falta de solidaridad interterritorial, pero conviene recordar que es el Gobierno de la nación el que tiene que hacerse cargo de lo que supone atender a todos esos niños y jóvenes. Y estamos hablando de cientos de millones. No puede obligarse a un traspaso competencial si no se produce una aportación financiera para hacer frente a las competencias. Es de manual, y si se diera el caso de que las regiones se negaran a hacerse cargo de los menores si el Gobierno no presenta ficha financiera a la modificación de la Ley, es más que probable que el Constitucional les diera la razón.

Todo en el desarrollo y presentación del acuerdo, tan esperado desde Canarias, resulta un poco sospechoso, la verdad: es sorprendente que el ministro Torres lo haya anunciado sin someterlo previamente a conocimiento de las Autonomías, que haya grabado su vídeo –un sistema algo estrambótico, éste de anunciar decisiones políticas por videoclip– coincidiendo precisamente con la celebración en Madrid de la conferencia sectorial sobre la Infancia y la Adolescencia, en la que participaban los responsables de menores de las regiones del PP que han de apoyar la medida, y sin que el Gobierno hiciera el más mínimo intento de explicar nada.

El PSOE ha insistido mucho en estos días en que todo está ahora en manos de Feijóo, que depende del PP y de sus acuerdos con Vox que el acuerdo se cumpla. Primero, si quieren aprobar la reforma que permitirá distribuir a los chicos por toda España, deberían poder hacerlo perfectamente sin necesidad del PP, basta con llevarlo al Consejo de Ministros y convalidar después con esa mayoría parlamentaria con la que Sánchez espera aguantar los próximos tres años. Curiosamente, la única región que de momento ha dejado claro que no va a aceptar el envío de más menores es precisamente Cataluña, que no está gobernada por el PP, sino por los socios del presidente Sánchez. ¿Con ellos no se va a contar para reformar la Ley?

Para responsabilizar al PP de que no salga la propuesta, que se lleva negociando desde hace seis meses personalmente por Fernando Clavijo y el ministro Torres, hay que aclarar primero quién pone la pasta y cuánta va a ser. Explicar cómo va a financiar el Gobierno este asunto, más allá de esa frase cantinflesca en el documento, hablando de que en caso «de contingencia migratoria extraordinaria para la infancia y adolescencia migrante no acompañada se incluirán las medidas que se estimen necesarias para establecer una financiación suficiente». Eso se parece a una ficha financiera tanto como una declaración política a la verdad revelada.

Convertir la cuestión de los menores en otro episodio de la pelea entre el PSOE y el PP es una nueva desvergüenza. Hoy hay 5.660 menores inmigrantes no acompañados en las islas. Si no se alcanza un acuerdo, antes de final de año podrían perfectamente ser el doble. O más.

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