Opinión

Génova prima los intereses de la mayoría de su comunidades sobre los de Canarias

Los populares se lanzan tras el 9J a reclamar elecciones anticipadas y dan la espalda a todo acuerdo con el Gobierno, incluido el de Canarias

Rescatadas 40 personas que iban en un cayuco al sur de La Gomera, entre ellas cuatro niños

Rescatadas 40 personas que iban en un cayuco al sur de La Gomera, entre ellas cuatro niños / Alberto Valdés/ Efe

La dirección nacional del PP no tenía hasta la celebración el pasado domingo de las elecciones europeas una idea clara sobre cómo responder al acuerdo que negociaban Canarias y el Estado sobre el reparto de menores migrantes no acompañados, pero parece que tras los resultados del 9J se ha desmarcado por completo de ese debate y ha decidido hacerle el vacío. Si hasta ahora se reconocía una predisposición a «solidarizarse» con Canarias y escuchar los argumentos del PP de las Islas para apoyar la reforma legal que ampara esa medida finalmente acordada por los ejecutivos central y canario, los resultados de las europeas han lanzado a la cúpula de la calle Génova a una nueva estrategia de dar por amortizada la actual legislatura y reclamar elecciones anticipadas, y entre tanto rechazar cualquier tipo de acuerdo con el Gobierno central.

La visita del presidente del PP canario, Manuel Domínguez, a la sede de la dirección nacional el pasado martes, en la que en principio iba a buscar un apoyo del líder del partido y de todo su equipo al acuerdo entre Canarias y el Estado, se ha saldado finalmente con un cambio de posición de los populares isleños exigiendo unas condiciones distintas a las aprobadas en el Parlamento regional por todos los partidos excepto Vox. La nueva exigencia de Domínguez de convocar una Conferencia de Presidentes para pactar en ella las condiciones y criterios del reparto de menores migrantes es una imposición de Génova al líder de los populares canarios y está en concordancia con el rechazo expresado ese mismo día por la comunidades autónomas gobernadas por el PP durante la Conferencia Sectorial de Adolescencia e Infancia, celebrada en Madrid, al texto cerrado entre el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.

Según reconocieron este miércoles a este periódico distintas personas del entorno más directo de Feijóo, el apoyo al acuerdo era «muy complicado» de antemano porque «son muchas las variables a tener en cuenta». Tras el 9J, va a ser casi imposible. De entrada, en la calle Génova se mantenía la posición de las comunidades gobernadas por el PP exigiendo abrir la negociación a todos los territorios y buscar el consenso en el marco de la conferencia sectorial que aborda esta cuestión, pero sin una idea clara sobre la actitud del partido en las Cortes cuando el texto del acuerdo se remitiera al Congreso para su convalidación, en el caso de que se haga a través de un decreto ley, o para la tramitación de mismo si la fórmula elegida es la de la proposición de ley.

Aunque eran conscientes de que tendrían que tomar una decisión política en el ámbito de la dirección del partido cuando la reforma de la Ley de Extranjería que contiene esa medida histórica alcanzara la vía parlamentaria, se mantenía un impasse hasta ver el resultado concreto del acuerdo entre Canarias y el Estado y, de paso, esperar a que pasaran todas las elecciones de los últimos meses. Durante las respectivas campañas electorales, el PP no se ha referido nunca a este cuestión, ni siquiera cuando Feijóo pasó por Canarias hace unos días, y solo se mencionaba el fenómeno migratorio para intentar restarle margen a Vox en esta materia.

A juzgar por la reflexión que se hace en personas del entorno del presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo, el proceso interno para despejar las dudas y tomar una decisión definitiva es complejo y no exento de contradicciones internas, sobre todo por el compromiso del PP de Canarias de apoyar la negociación y el acuerdo entre Canarias y el Gobierno central para el acuerdo alcanzado. Pero también porque hay otras comunidades del PP, sobre todo Andalucía y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, que estarían por la idea de apoyarlo, frente a las otras claramente reacias, si no con una posición de rotundo rechazo, como serían los casos de la Comunidad de Madrid y las cinco en las que los populares gobiernan junto a Vox (Comunidad Valenciana, Aragón, Extremadura, Castilla y León y Murcia), formación que ha dejado muy claro desde el principio que no aceptará la medida.

"Una convocatoria inmediata de elecciones que implicaría la disolución de las Cortes y una paralización de la reforma de la ley de Extranjería y del reparto de menores migrantes"

 «La situación es incómoda para Manuel Domínguez porque defiende una propuesta que es minoritaria entre el conjunto de nuestros gobierno autonómicos», señalan fuentes de la dirección del partido, que asegura apoyar una fórmula de «solidaridad» con Canarias por ser la región que acumula una gran parte de los niños, niñas y adolescentes que llegan sin la tutela de un adulto a territorio español, pero que «no puede dejarse al margen de ese acuerdo al resto de comunidades». 

La conclusión más evidente que se hace en el partido es que «no se va a sacrificar la posición y los intereses de la mayoría de las comunidades que gobernamos por el acuerdo unilateral de una sola de ellas con el Gobierno». 

Y si esa era ya la reflexión de fondo que se hacía hasta el domingo, la nueva estrategia de Génova apostando por al adelanto electoral profundiza en ella y ha llevado a que el PP canario se desmarque también del acuerdo del Parlamento de Canarias

El propio Domínguez se apuntaba desde hace semanas ya de facto a la estrategia de Génova porque también reclamaba una convocatoria inmediata de elecciones que implicaría la disolución de las Cortes y una paralización de la reforma de la ley de Extranjería y del reparto de menores migrantes. 

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