Guatemala y su larga marcha hacia la democracia

El domingo 14 de enero, Bernardo Arévalo asumió la Presidencia de Guatemala. Para llegar hasta aquí ha debido recorrer un largo vía crucis, plagado de obstáculos y trampas de todo tipo. El objetivo máximo del «pacto de corruptos», los sectores de la elite detrás de tanta desestabilización, era anular las elecciones e impedir que se consumara la voluntad popular. El plan B, habrá que ver en qué medida se consuma, es debilitar lo más posible a la nueva Administración para que su gestión sea prácticamente imposible.

Desde hace décadas, el gobierno guatemalteco era un cortijo privado. Gracias a la cooptación de buena parte de las instituciones democráticas, comenzando por la Justicia, la función pública era la prolongación de diversos intereses particulares. De hecho, estaban a su servicio. La complicidad de autoridades, parlamentarios, jueces y políticos era un mecanismo bien aceitado para cumplir con los fines deseados.

Por eso, cuando se puso en marcha la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), creada en 2006 con el patrocinio de Naciones Unidas, rápidamente se cuestionó su legitimidad para investigar casos de corrupción y prevaricación, especialmente aquellos que afectaban a los más poderosos. Pese a los notorios logros obtenidos, fue tal la magnitud de los ataques recibidos, que su vida útil duró hasta 2019, al ser disuelta por el presidente Jimmy Morales, que la acusó de abuso de poder y actos ilegales y contra de la Constitución guatemalteca.

Acusaciones semejantes fueron vertidos por Consuelo Porras, al frente del Ministerio Público, con el apoyo entusiasta de Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad y del juez Fredy Orellana. Hay que reconocer que todo su empeño en deslegitimar y criminalizar a Arévalo y a Semilla, el partido político que lo ha llevado al poder, ha sido constante. Y, al mismo tiempo, que, sin el respaldo manifiesto o al menos tácito, del presidente Alejandro Giammattei, esta cruzada hubiera sido imposible. Por eso, cuando una acusación fracasaba, como la de fraude electoral, se inventaba otra rápidamente, como la compra de firmas para lograr el aval electoral para Semilla.

Si esto servía para evitar que el futuro partido oficialista conformara su propio grupo parlamentario en el Congreso, bien hecho. Si los magistrados del Tribunal Electoral se negaban, entonces se los perseguía. En ese caso, acusarlos de malversación en la compra de unos ordenadores podía ser un buen argumento. Cualquier cosa era útil para hacer descarrilar un proceso que debía finalizar con un nuevo gobierno.

¿Por qué fracasó esta conspiración, una trama bien orquestada, definida por muchos como un verdadero golpe de estado? El problema, a diferencia de ocasiones anteriores, es que esta vez hay demasiados focos sobre Guatemala. Algunos se encendieron tras la disolución de la Cicig y otros recientemente. Las maniobras orquestadas desde el poder para impedir que candidatos o partidos molestos pudieran presentarse a las elecciones presidenciales añadieron nuevos argumentos. En 2021 el departamento de Estado estadounidense creó la llamada Lista Engel, que incluía a políticos corruptos del Triángulo Norte de América Central (Guatemala más Honduras y El Salvador).

La acción de EEUU, la UE y la Organización de Estados Americanos (OEA) movilizó a buena parte de la comunidad internacional en apoyo de la democracia guatemalteca y de los derechos políticos de Arévalo y de Semilla. Pero, sin un fuerte respaldo interno, el camino hacia el cambio se hubiera interrumpido violentamente. De un lado, el país está cambiando, algo que los corruptos no pudieron o no supieron ver. Guatemala es hoy más joven, más urbana y vinculada a las redes sociales. Del otro, el apoyo de un buen número de movimientos indígenas fue decisivo para evitar que tanta tropelía llegara a buen fin.

El Congreso, controlado por opositores al nuevo gobierno, está poniendo abundantes piedras en el camino, bien presupuestarias o bien con nombramientos arbitrarios e improcedentes. De ahí los temores a una gobernabilidad imposible. Pero también hay esperanza. Esperanza en la sociedad civil y en los movimientos sociales, al igual que en la fractura de las elites, especialmente la política y la empresarial, que puedan dar lugar a una importante reconfiguración de alianzas en la sociedad guatemalteca y a la regeneración de su sistema político.

Este autor recordaba en septiembre pasado la gravedad de lo que ocurría en Guatemala, aludiendo al clima de impunidad existente. Por eso, haber llegado hasta aquí es todo un logro. También que sigan presentes las expectativas de cambio (profundización de la democracia, lucha contra la corrupción y el narcotráfico, castigo de la impunidad). En este contexto, el respaldo de la comunidad internacional es y será imprescindible. Es más, la presencia del rey Felipe VI en la toma de posesión de Bernardo Arévalo es un claro respaldo de España a la democracia guatemalteca.