El colectivo más agradecido

Un par de veces a la semana, en las proximidades del Parlamento de Canarias, se reúnen una veintena de ciudadanos, ataviados casi todos con chalecos amarillos. Montan una mesita portátil algo coja y reparten animadamente pasquines. De tarde en tarde sueltan algún eslogan por un viejo altavoz. Charlan, se intercambian bromas, se dirigen a los transeúntes para anunciar sus propósitos. Están ahí para defender –repiten– las pensiones públicas, porque al parecer están en peligro. De su narratalogía se desprende que los ancianos –los mayores de 65 años– son el colectivo social más vulnerable, más maltratado, y están a un paso del canibalismo. Las pensiones no se venden, las pensiones se defienden. Al cabo de dos o tres horas desmontan el templete y se van a tomar un café o una cervecita en algún sitio cercano.

En el imaginario social los viejos son concebidos, ciertamente, como los que peor situación padecen. Pero no es así. Las pensiones no peligran, al menos por las razones que algunos sospechan, y desde hace años se han indexado de nuevo al IPC, suprimiendo, de paso, cualquier factor de sostenibilidad. En relación con su PIB España tiene unas pensiones contributivas que están ahora entre las más generosas de la Unión Europea. De hecho el gasto en pensiones supone ya un 12% del PIB, casi cuatro veces más que al aprobarse la Constitución de 1978. Para 2050 aumentará como mínimo otro 3,5% del Producto Interior Bruto. Para este año 2024 recién nacido subirán un 3,8%. Por una vez se ha dado la atención debida a las pensiones no contributivas, que suben un 6,9%. Muy pocos agentes empresariales, sociales y académicos hacen suya la reforma del ministro Escrivá. BBVA Research o Fedea cuestionan la reforma del sistema impuesto por el actual Gobierno porque «produce un déficit elevado y creciente» y el sistema solo ingresa un 20% de lo necesario para compensar incremento del gasto. Para resumir con una cifra concluyente: en 2024 el Estado se fundirá en pensiones un 40% del gasto consignado en los presupuestos generales. En 2050 podía llegarse al 53% por ciento. Más de la mitad del gasto estatal estaría destinado a cubrir las pensiones públicas. ¿Y cómo se pagará lo demás?

Desde hace bastantes años un brillante economista español, José Ignacio Conde-Ruiz, viene advirtiendo en artículos y libros que al sistema público de pensiones le urge una reforma y no es precisamente la impulsada por Sánchez y Escrivá. Entre otras medidas debe recuperarse el factor de sostenibilidad de 2013, replantear los cálculos considerando la esperanza de vida actual y valorando toda la vida laboral, y lo más interesante, transformar la jubilación hasta convertirla en un proceso gradual, flexible y compatible –según la naturaleza del trabajo– con jubilarse al 50% y seguir currando a media jornada, por ejemplo. A Conde Ruiz, como a otros economistas y sociólogos, no les preocupa únicamente la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones. Les intranquiliza el impacto de su coste desbocado en el gasto público y, por tanto, en los intereses de otros colectivos, particularmente, el de los jóvenes.

La juventud atracada es el título del último libro de Conde Ruiz. Hace un cuarto de siglo los jóvenes significaban más de un 35% del electorado. Ahora apenas arañan el 22%. Y quienes votan mayoritariamente son los viejos. Los partidos entienden perfectamente lo que Conde Ruiz llama «demografía electoral». Según datos del Observatorio del Consejo de la Juventud, solo un 16,3% de los jóvenes españoles (menos de 30 años) están emancipados de sus padres. La incertidumbre laboral, los bajos salarios y los altos alquileres se lo impiden. Solo uno de los siete millones de jóvenes españoles ha podido formar y mantener con cierta estabilidad su propio hogar. No, no son hoy los jubilados, en España ni en Canarias, lo que se encuentran en peor situación. Son los jóvenes. Ahí en esa manifestación habitual cerca del Parlamento, deberían estas los pibes, no los ancianos, reclamando más trabajo digno y menos prestidigitación estadística, más viviendas públicas y menos especulación, más I+D+i y menos magias turísticas, más libertad creativa en la organización y prestación de servicios y menos burocracia.

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