Política de alto riesgo

La larga, fatigosa, tensa, intensa y desabrida sesión del pleno del Congreso del miércoles en la sede del Senado volvió a mostrar las frágiles costuras que cosen a día de hoy el sistema político español desde que el bipartidismo imperfecto que lo caracterizó durante décadas en nuestra democracia pasó a mejor vida.

Desde entonces, un bibloquismo de trinchera y un frentismo sin concesiones se ha instalado en el debate público e imposibilita cualquier acuerdo transversal entre las partes, sin opciones a los pactos del Estado, o al menos a que las propuestas de cualquier formación política puedan ser sometidas al escrutinio y el parecer de todas las demás con naturalidad.

El Gobierno surgido del 23-J es consecuencia de esta dinámica con el agravante de que la mayoría parlamentaria que lo sustenta está sometida ella misma a una serie de tensiones y contradicciones que hace imprevisible su acción política, y parece condenada a convertir la nueva legislatura en una suerte de montaña rusa de alto riesgo con el tren siempre a punto de descarrilar o salir disparado hacia el abismo de la ingobernabilidad.

En la primera gran jornada decisiva de la presente legislatura, en la que el Gobierno de coalición presidido por Pedro Sánchez presentaba sus primeras grandes medidas antes de encarar los presupuestos estatales para 2024, se ha puesto a prueba por primera vez esa inestable y precaria mayoría y el resultado, pese a lograr sacar adelante los decretos que se sometían a convalidación, no ha sido bueno para el Ejecutivo.

Es verdad que ‘in extremis’ se libró de la derrota que ya estaba cantando la oposición y en especial el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, pero el precio pagado por esa tregua ha sido muy grande. Ha comprobado que tiene al enemigo en casa y que Junts per Catalunya, por un lado, y Podemos, por el otro, se lo van a poner muy difícil.

Frente a las aristas que soberanistas catalanes y podemitas ofrecen al Gobierno de Sánchez, cada uno por razones muy distintas, CC se ofrece sin embargo como un aliado fiel y responsable que plantea por ahora una estrategia de comprobación a medio plazo del cumplimiento de los acuerdos fijados en la agenda canaria, cuyo primer hito se presentará sin embargo en unas pocas semanas cuando se presenten los nuevos presupuestos estatales.

De momento, el voto de la nacionalista Cristina Valido fue determinante en la sesión del miércoles salvando la aprobación tanto del decreto ómnibus en materia de justicia, del que dependía el acceso de España a 10.000 millones de fondos europeos, como principalmente el decreto de medidas de escudo social para combatir la inflación.

Ese voto permitió la convalidación del decreto y ha impedido que decayeran las medidas de las que se va a beneficiar masivamente la ciudadanía canaria, entre ellas el mantenimiento de la gratuidad de las guaguas y las bonificaciones fiscales a la población de La Palma tras la erupción volcánica de 2021.

Los nacionalistas canarios quieren ahora aprovechar esta circunstancia, que creen que se podrá dar con cierta frecuencia en el Congreso, para exigir las contrapartidas en todo el resto de la agenda canaria y en especial las relacionadas con los inminentes presupuestos. “Cumpliremos siempre que cumplan con nosotros”, es el mantra argumental de CC y de Valido. La votación del miércoles confirma que la apuesta que hizo Sánchez por incorporar a los nacionalistas canarios a su pléyade de socios, pese a no necesitarlos para la investidura, le puede resultar productiva.

Por su parte, CC está en condiciones de demostrar que su presencia en el Congreso, que el ‘voto canario’ en definitiva, es esencial para que el Gobierno central de turno tenga en cuenta los intereses específicos y singulares de Canarias, en este caso incluso como contrapartida a lo que otros grupos territoriales como Junts son capaces de arrancar.

En todo caso, tanto el Gobierno de Canarias como la propia CC miran con inquietud el acuerdo con Junts sobre inmigración. Los soberanistas catalanes han demostrado que su acuerdo para la investidura de Sánchez no comportaba otros compromisos de futuro por su parte y que van a exprimir al Ejecutivo en cada votación decisiva, con peticiones para Cataluña que en muchos casos afectan al resto de territorios, como la cesión de las competencias en materia de migraciones.

Ha sido el anuncio que, además de dudas sobre su constitucionalidad, más interrogantes genera y que hay que resolver. Se desconoce cómo se llevará a cabo un traspaso que afecta a departamentos que hasta ayer no sabían nada. Y cómo puede parcelarse autonómicamente una gestión que afecta a las fronteras internacionales y a aspectos como la distribución de los recién llegados a territorios como Canarias, que requieren de ejercicios de solidaridad interterritorial.

Pero más allá de las dudas operativas y competenciales, la fórmula del acuerdo vuelve a poner sobre la mesa la irregularidad que supone que Junts se pueda atribuir, en función de su peso en la gobernabilidad, una representatividad de los intereses de Cataluña que no se corresponde a su peso electoral como cuarto partido catalán en las últimas generales (y en la oposición en el Parlament).

El otro elemento llamativo del pleno del Congreso del miércoles fue el rechazo de Podemos al decreto para la reforma del subsidio de desempleo, una posición que más allá de las razones técnicas señaladas para justificarla, deja la sospecha de que se trata de una venganza contra Yolanda Díaz, principal responsable de ese decreto, tras la ruptura entre la formación morada y Sumar. La diputada canaria de Podemos y candidata a liderar la formación de nuevo en las Islas, Noemí Santana, sumó sus votos a los de PP, Vox y UPN para impedir que 46.000 parados canarios cobren 90 euros más al mes. Ella y su partido se oponen al recorte de la cotización de los perceptores del mencionado subsidio que tienen más de 52 años que incluía la norma por el impacto negativo a largo plazo para este colectivo, algo que niega el Gobierno.

De lo acontecido, el Gobierno de Sánchez puede extraer algunas enseñanzas. Sin tener una sólida mayoría no se puede abusar de los reales decretos. Configurándolos con el formato ómnibus, en una mezcla temática incoherente, existe el riesgo de disgustar a múltiples bandas, de multiplicar los posibles vetos y de tener que lidiar con reclamaciones aleatorias. Y, finalmente, puede trasladarse a la opinión pública que el precio por mantenerse en el poder es una constante subasta con pactos contrarreloj, sin deliberación, sin diálogo y en secreto, algo de lo que la portavoz de Junts se ha jactado y que constituye una perversión en toda regla del juego democrático por mucho ‘pescado al caldero’ que pueda exhibirse.

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