Dos victorias y una venganza

Una vez más, Pedro Sánchez ha escapado con plumas y cacareando. De nuevo ha pagado el precio necesario para conseguir el apoyo de la derecha independentista catalana de Junts y salvarse de su primera gran derrota parlamentaria. La única víctima de la sesión de los tres decretos fue Yolanda Díaz, apuñalada en vivo y en directo por sus excompañeras de Podemos.

El Congreso avaló el decreto ómnibus que afecta a varias leyes –con especial relevancia en materia judicial– con 172 votos a favor frente a los 171 en contra (ya hablaremos de ese voto decisivo) y también salió adelante, a trancas y barrancas, el de medidas contra la inflación, fundamental para recibir unos fondos europeos de hasta diez mil millones. La gran derrota la sufrió la vicepresidenta y ministra de Trabajo: la reforma del subsidio por desempleo propuesto por Yolanda Díaz, fue derogada con los votos en contra de Podemos (y toda la oposición) que consuma así su primera venganza contra Sumar, con 176 noes frente a 167 votos a favor.

El rencor es una fuerza motriz infinitamente más poderosa que la energía atómica. Y tal y como estaba previsto, Irene Montero e Ione Belarra han aprovechado la primera oportunidad que se les ha presentado para matar dos pájaros de un escopetazo: por un lado le han mostrado a Sánchez la amarga cara de la derrota parlamentaria y la necesidad imperativa de negociar separadamente con Podemos. Y, complementariamente, le han dado un revolcón político a Yolanda Díaz.

La ajustada aprobación del decreto ómnibus, que salió adelante, por solo un voto de diferencia, dio un papel protagonista a la diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido. Su voto evitó que Pedro Sánchez y su Gobierno se dieran un estampido de enorme repercusión mediática y política. En la cúpula del PP son dolorosamente conscientes de esa circunstancia y algunos dirigentes populares no disimularon su enorme cabreo. Por primera vez existen tensiones que pueden amenazar los acuerdos entre nacionalistas y conservadores en Canarias.

Queda por concretar qué tipo de contrapartidas ha ofrecido el PSOE a los independentistas de Junts para conseguir su abstención. Se ha dado un listado de concesiones, pero no se ha dicho nada sobre la más surrealista de las exigencias de los catalanes, que era la petición de sancionar a las empresas que se marcharon de Cataluña a resultas del conflicto planteado con el procés.

Junts exigió reformar dos artículos Ley de Sociedades de Capital que en la actualidad establece que las empresas fijarán su domicilio «dentro del territorio español» pero sin ninguna limitación, ya que señala que lo harán «en el lugar en que se halle el centro de su efectiva administración y dirección». O sea, donde quieran. Todo hace pensar que Junts obligará al Gobierno a hacer la reforma del articulado de esa ley, de suerte que se obligue a llevar a Cataluña la sede de las ocho mil empresas que salieron por patas desde que empezó la jarana independentista. Ya veremos el alcance de esa indignidad, pero de momento huele que apesta.

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