Situación desesperada

Creo que la he citado más de una vez en estas columnejas, pero me gusta tanto la anécdota. Primera Guerra Mundial. En medio de una batalla que están perdiendo los alemanes, desde su flanco, envían a los austriacos un mensaje telegráfico: «Buenos días. Aquí la situación es seria, pero no desesperada». A los pocos minutos responden los austriacos: «Buenos días. Aquí la situación es desesperada, pero no seria». Exactamente. Hoy se evidenció en el Congreso de los Diputados que la situación política española es extremadamente austrohúngara. Es decir, desesperada, pero en absoluto seria. Todo el mundo sabe que ocurriría esto, pero la indiferencia que procura el hartazgo y la industriosa propaganda del Gobierno habían simulado una normalidad sin duda compleja, ejem, pero perfectamente estable y viable y tal. El tinglado, claro, se ha venido abajo, para descubrir de lo que se trata: de un gobierno en apretadísima minoría con un supuesto socio que se dedicará en cada votación a un chantaje sainetesco (JxS) y un exsocio verdadero con voluntad de reventar cualquier propuesta de su enemiga íntima, Yolanda Díaz (Podemos). Un gobierno que apenas puede cumplir con su programa bajo el fuego graneado de demandas interminables y cada vez más alocadas o atrabilarias y un partido que pretende amordazar sistemáticamente al Parlamento usando y abusando, como ha ocurrido a lo largo de los últimos cinco años, de la figura del decreto ley.

Junts per Catalunya salva a Pedro Sánchez. Así titula hasta El País. Se abstiene y así el presidente salva dos de los tres decretos: el decreto ómnibus y la prórroga de las medidas contra la inflación. No es gratis. Nada será gratis ya. Ya no para el PSOE, sino para el sistema constitucional español. Primero los diputados de Puigdemont consigue extraer a pulso el artículo del primer decreto ómnibus que, a juicio del expresidente de la Generalitat, podría desactivar algunos de los efectos benéficos de la futura ley de amnistía. Segundo, si us plau, me transfieren la gestión de la inmigración y lo hacen ustedes a través de una ley orgánica que deberá ser negociada y aprobada antes de finalizar el año. Tercero, por supuesto, bonificarán ustedes en su integridad los transportes públicos urbanos en Cataluña. Y luego la exigencia de colaboración para calcular las balanzas fiscales, y más perras para la digitalización de la administración de justicia, y una reforma de la Ley de Sociedades para que las empresas que abandonaron tierras catalanas durante la chifladura del procés – de los cuales son ellos los principales responsables regresen a cambio de bonitos incentivos fiscales.

Nada de esto –no debatido en el pleno, sino negociado en despachos y restaurantes a uña de caballo– figuraba en el acuerdo entre el PSOE y JxC por el cual fue investido Pedro Sánchez. Sin duda si alguien le hubiera preguntado al presidente Sánchez hace un mes si estaba dispuesto a transferir la gestión de la inmigración a Cataluña hubiera respondido que no. Y con buenas razones, porque la gestión de la inmigración, como la emigración, el derecho de asilo y la extranjería, es reconocida por la Constitución (artículo 149) como competencia exclusiva del Estado. Ayer el PSOE y su secretario general se han ciscado en la Constitución para poder sacar adelante un decreto ley. Después de semejante ejercicio de irresponsabilidad, frivolidad y mentecatez todavía les ha quedado tiempo para hinchar el pecho y todo a los socialistas, como cualquiera pudo comprobar anoche en las redes sociales. ¿Qué vendrá después de esto? ¿Cuáles son las cesiones que deberá hacer el Gobierno de Sánchez para conseguir el voto de la derecha independentista catalana en los presupuestos generales del Estado y en toda su agenda política y legislativa en 2024? Lo que ha ocurrido palidece, a buen seguro, frente a lo que ocurrirá en el futuro inmediato, porque Sánchez ha normalizado la politiquería buhonera, la opacidad negociadora, el desprecio al debate parlamentario y a la potestad legislativa de las Cortes, la renuncia al decoro institucional, la transformación del adversario político en enemigo ideológico, la cooptación del aparato del Estado, el irrespeto a la Carta Magna. Todo se complementa con la venganza de Podemos a la ministra de Trabajo. El coste de este gobierno va a ser difícilmente asumible para la estabilidad democrática del país.

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