El discurso del rey (y del Gobierno)

Ya saben lo que ocurre cada año por estas fechas en el espacio político español: la renuncia a interpretar el mensaje del jefe del Estado, el rey Felipe VI, en los términos en los que se desarrolla necesaria e invariablemente, que no son otros que los de la Constitución que regula los funciones del monarca. Como gracias a las insuficiencias parlamentarias del PSOE –y a la estrategia definida por su secretario general– las fuerzas de izquierdas y partidos independentistas, minoritarios electoralmente, forman parte del bloque de poder en la anterior y la presente legislatura, esta deliberada incapacidad hermenéutica ha aumentado año tras año. Para esas izquierdas –y esos independentistas catalanes y vascos– no debe criticarse lo que dice el rey, sino debe aprovecharse lo que el rey dice para ponerlo a caldo de potas en un testarudo esfuerzo de deslegitimar la Corona. Son críticas ad institutio, cuando no ad hominem.

La ignorancia, la mentecatez y el espíritu de rebeldía adolescente no impiden sino que más bien enriquecen esta actitud. Solo dos notas gentileza de Podemos. Su secretaria general rechaza el discurso real por todo lo que puedan ustedes imaginar, pero en especial por no decir nada «sobre el genocidio palestino en la franja de Gaza». Es decir, que el jefe del Estado supuestamente estaría obligado a pronunciarse en materia de política exterior y más concretamente sobre una guerra, condicionando la posición política y diplomática del Gobierno. Si Felipe VI se hubiera posicionado según lo pedido indignadamente por Ione Belarra se le acusaría de extralimitarse en su papel constitucional. Belarra no quiere que el rey se posicione sobre este o cualquier asunto: anhela y demanda que opine lo que opina ella y lo meta en un discurso institucional dirigido a todos los ciudadanos. Esta bobada quinceañera y tontorrona no agota toda la agotadora nadería de Podemos y demás izquierdas alucinógenas. Una concejal de Las Palmas de Gran Canaria, Gema Martínez, sentenció que «este señor no me representa». Por supuesto que no. Don Niceto Alcalá Zamora o don Manuel Azaña no representaban a los ciudadanos, representaban a la República, representaban al Estado y simbolizaban la unidad y permanencia de España. Exactamente lo mismo que Felipe VI. Representa la monarquía parlamentaria, representa al Estado y simboliza la unidad y continuidad de España. Un poquitín de Historia, Teoría del Estado y de Derecho Constitucional no la hace mal a nadie. Sobre todo a los que ocupan cargos de responsabilidad. Indígnense ustedes un fisco menos y procuren estudiar y comprender más y mejor su entorno. No vaya a ser que en la negativa a hacerlo como personas adultas y responsables esté una de las principales claves de sus sucesivas derrotas en las urnas y del canibalismo característico de las izquierdas.

El rey, jefe del Estado, no ejerce como monologuista de digestiones navideñas para satisfacción política o ideológica de este o aquel sector partidista, sindical, empresarial o académico. Las funciones del rey están perfectamente descritas y establecidas en la Constitución y Felipe VI siempre se ha atenido escrupulosamente a las mismas. Si centra su discurso en los valores del texto constitucional y su efecto benéfico durante más de cuarenta años es porque entiende, en su papel de moderador del sistema político, que dichos valores –democracia representativa, convivencia plural, separación de poderes, eficacia de los contrapoderes, imperio de la ley, derechos y deberes, sistema autonómico, legitimidad institucional, solidaridad entre generaciones y territorios, la integridad territorial misma– están amenazados actualmente por diversos peligros bastante evidentes. Por último, y aunque debería ser innecesario repetirlo, el discurso navideño de Felipe VI, como todos los restantes desde que fue coronado, es conocido previamente por el Gobierno legal y legítimo del país –presidido por Pedro Sánchez- que lo analiza y finalmente autoriza su contenido y difusión. El Gobierno, en última instancia, es corresponsable del discurso. Como en todas las monarquías parlamentarias vigentes en Estados democráticos.

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