Opinión

Pedro Alfonso

¿Hay alguien ahí?

No se entiende desde Canarias, tal como se manifestó en el Consejo Asesor del Presidente que, teniendo el endeudamiento per cápita más bajo del Estado, no se permita cierta flexibilidad para destinar esos fondos a la recuperación económica y del empleo

Manuel Domínguez y Fernando Clavijo, durante el Consejo de Gobierno de este lunes.

Manuel Domínguez y Fernando Clavijo, durante el Consejo de Gobierno de este lunes. / C. E. P.

Una vez que el Parlamento de Canarias ha aprobado el presupuesto para 2024 por un importe superior a los 11.000 millones de euros, verdaderamente comienza a rodar la legislatura.

Un 45% de esa cantidad está reservada para nóminas y cotizaciones a la seguridad social de los casi 75.000 empleados autonómicos, y más del 85% estará dirigido a sostener Sanidad, Educación y Ayudas Sociales.

Un compromiso que deja poco margen a la inversión, los incentivos económicos y la inversión.

Tampoco se incluye la necesaria rebaja del tipo general del IGIC y sube el tabaco y las bebidas azucaradas.

Esta semana, también se ha celebrado un Consejo Asesor del Presidente de Canarias en la que se nos ha explicado que los excedentes de la liquidación del Estado referentes al año 2022 y el importe exacto de la entrega a cuenta para 2024 supondrán un incremento de 300 millones de euros que se adherirán al presupuesto aprobado de 2024.

Hasta ahí, todo suena bien. Donde chirría el asunto es en que esos 300 millones no se podrán invertir en políticas de empleo, ayudas a los sectores económicos o inversión.

Mucho menos a la reducción del IGIC.

Las temidas reglas fiscales europeas se han hecho realidad y el Estado las hace recaer en la comunidad autónoma, exigiendo que ese importe solo puede mantenerse como tesorería o para bajar la deuda del Gobierno de Canarias, por lo tanto, el efecto en la economía real será nulo.

No se entiende desde Canarias, tal como se manifestó en el Consejo Asesor del Presidente que, teniendo el endeudamiento per cápita más bajo del Estado, no se permita cierta flexibilidad para destinar esos fondos a la recuperación económica y del empleo.

Tampoco se entiende que ya se prevea una reducción de la deuda pública canaria derivada de los pactos para la investidura del gobierno actual con otras autonomías y que a Canarias le exijan un sobreesfuerzo en esa materia.

¿No es hora de que tengamos una excepción por nuestra condición RUP?

¿No es hora de que el Estado se equipare al tratado de la Unión Europea y podamos avanzar en las legítimas compensaciones a nuestra lejanía, fraccionamiento, tasa de desempleo, exiguo PIB per cápita o por nuestros niveles de pobreza?

¿Hay alguien ahí?

Suscríbete para seguir leyendo

Tracking Pixel Contents