Un poquito embarazada

La reunión de Pedro Sánchez con el president catalán, Pere Aragonès, se saldó con la solemne concesión de nuevas dádivas realizadas por el Gobierno con el dinero de todos. De entre las más absurdas, la aprobación de una ley orgánica denominada «de garantía del plurilingüismo» que garantiza el derecho de los ciudadanos de cualquier parte del país a dirigirse a la Administración General del Estado en catalán o en cualquier otra lengua cooficial. Se trata de otra concesión que viene a insistir en las ya planteadas, la de extender el uso del catalán (y vasco y gallego) a las lenguas de uso obligado en las instituciones de la Unión Europea, con un gasto que el Gobierno se compromete a pagar con nuestro dinero, y la de permitir el uso de las lenguas cooficiales en el Congreso de los Diputados, en sus sesiones plenarias, comisiones, comunicaciones y papeleo interno. De momento, Europa no parece estar por la labor, y quizá este menos después de la visita de la delegación europea a Cataluña, para estudiar si el uso del español en las escuelas pone en peligro al catalán. La delegación –recibida con insultos y amenazas en los colegios visitados– ha regresado un poco horrorizada tras descubrir que quienes corren peligro en Cataluña son el español –el lenguaje común– y los padres que quieren que sus hijos estudien también en español.

En cuanto a la medida sobre el uso cooficial del catalán fuera de Cataluña solo se ha puesto en funcionamiento en el Congreso. El jueves, precisamente mientras Sánchez le prometía a Aragonès que cualquiera podrá dirigirse en catalán al Estado y sus instituciones (piensen en la Justicia, por ejemplo), se liaba parda en el Congreso, dado que las medidas para garantizar la decisión de cooficializar el uso del catalán, provocan situaciones extremadamente chuscas, propias de una peli de los Hermanos Marx: un diputado de Junts, Josep Maria Cervera se negó a intervenir en castellano en la Comisión de Justicia, mientras el PP y Vox (sí, el PP y Vox, está bien escrito) protestaban formalmente por la ausencia de traducción simultánea, que les impidió entender una higa de lo que dijo el prócer catalán. O sea: han convertido el Congreso en Babel, porque no hay recursos para pagar suficientes traductores, ni traductores suficientes y disponibles para ser contratados como autónomos a tanto la hora, que es la solución provisional adoptada por la presidenta del Congreso, ni sistemas de traducción simultánea –pinganillos, auriculares, petacas y radioemisores–, ni peceras para que los traductores puedan trabajar. Sánchez se comprometió con Junts a aplicar la medida ya en septiembre, pero no parece que la cosa vaya bien. Y si algo así de pequeño no va bien, imaginen lo que costará traducir todos los documentos que se producen en la administración del Estado o en la Justicia, la sanidad o la enseñanza (pueden solicitarse traducidos por cualquier ciudadano) o implementar sistemas para que eso no produzca mayores retrasos en la ejecución de procesos administrativos o en el dictado de sentencias judiciales. Intuyo que solicitar la documentación en catalán, vasco o gallego, se va a convertir en una de las peticiones más solicitadas en aquellos casos judiciales cuya resolución se quiera retrasar. ¿Habrá que cambiar los plazos de trámite que establecen las leyes?

El presidente Sánchez supedita todo –incluso el funcionamiento de las administraciones– a seguir manteniendo el apoyo indepe. Pero eso no es lo más sorprendente de lo planteado en la reunión con Aragonès. Lo mejor sin duda, es la intención de Sánchez de buscar un espacio intermedio entre la convocatoria de referéndum que le reclaman sus socios secesionistas y «quedarnos como estamos», es decir, no convocarlo. Según ha declarado en Radio Cataluña, en ese espacio intermedio entre convocar el referéndum y no convocarlo, «todo se puede estudiar». Pero es que hay cosas que no permiten un espacio intermedio, por ejemplo, no puedes estar «un poco embarazada». Sánchez juega con las palabras, pero lo que pretende hacer es lo de siempre: comprar a los catalanes con el dinero de todos los españoles. Cuando habla de buscar un espacio intermedio, a lo que se refiere es a que Cataluña siga en España -aunque España deje de estar en Cataluña-, y regalarles a Puigdemont y Aragonès un concierto fiscal como el que tienen los vascos. Y es eso –justamente eso– lo que le cabe al presidente Sánchez en su espacio intermedio.

Suscríbete para seguir leyendo