El derecho a migrar, cada vez más asfixiado

Deportar a países no seguros será más fácil para los estados europeos. Los gobiernos que quieran rechazar la acogida de migrantes podrán hacerlo pagando 20.000 euros por persona. Se ampliarán los plazos de detención de migrantes que, sin haber cometido ningún delito, permanecerán en centros donde se ha demostrado que se vulneran los derechos fundamentales. La concesión de las solicitudes de asilo seguirá criterios aún más estrictos, así como los controles en fronteras, donde se incorporarán cribados para la entrada con huellas dactilares y reconocimiento facial, no solo en personas adultas, sino a niñas y niños de hasta seis años.

Estas son algunas de las medidas que recoge el Pacto sobre Migración y Asilo de la Unión Europea, que llevaba algo más de tres años atascado. Pero nunca dejó de estar sobre la mesa. Y este pasado miércoles, tras días de negociaciones, ha salido adelante y está cerca de convertirse en realidad, a falta de ser aprobado por los 27 estados miembros.

Este acuerdo convierte las fronteras en un limbo legal que, sumado a la externalización de las mismas, «no garantiza el respeto de los derechos humanos», tal y como apunta Viviane Ogou Corbi, analista experta en las relaciones UE-África. En este sentido, insiste en que las medidas acordadas son más duras que las de la crisis de gestión migratoria de 2015, constituyendo “un ataque contra el sistema internacional de protección de las personas migrantes y solicitantes de asilo”.

Ya lo venían advirtiendo asociaciones, ONG y activistas: este pacto vulnera (todavía más) el derecho al movimiento de quienes más lo necesitan. Migrar, por supuesto, seguirá siendo igual de fácil para las personas del norte global, pero las barreras, las vulneraciones de derechos y las devoluciones en caliente, impuestas de forma habitual a la población migrante del sur, se verán cada vez más legitimadas.

Esto tiene mucho que ver con la tendencia securitaria, racista y xenófoba que experimenta Europa, y que ha permitido la conformación de gobiernos de ultraderecha en distintos países. Es más, lo que era la propuesta de pacto en sus inicios ha cambiado respecto a lo que es ahora: las medidas se han endurecido.

Pero también otros gobiernos entendidos como progresistas tienen su responsabilidad. De hecho, estas negociaciones eran la «primera prioridad» para la Presidencia Española del Consejo de la Unión Europea. Recientemente, Marlaska ha insistido en que el equipo español desbloqueó el acuerdo, que ha sido calificado por la Presidencia como una «mejora del sistema de migración y asilo». Pero la mejora, ¿para quién o para qué?

Paradójicamente, el pacto podría suponer una mayor presión a los países frontera del sur de Europa. Uno de ellos es España, y particularmente Canarias, donde año tras año vemos infraestructuras precarias de forma permanente en la atención y seguimiento de protocolos.

Esa es la estrategia: externalizar, externalizar y externalizar. Como los controles en origen fallan, porque la migración no se puede parar, se externaliza todo lo que se puede. Se aplica en segunda instancia en el archipiélago, cuando ya han llegado las pateras, porque el drama queda lejos de España y Europa. Nos lo ha demostrado el bloqueo migratorio en los últimos años y la falta de solidaridad de otras comunidades autónomas en la acogida de menores mientras los recursos canarios están al límite.

Así, se va a hacer lo que se ha hecho hasta ahora, pero de forma más cruel y agresiva. La migración no se puede parar, porque el movimiento es parte de la humanidad. Así que, en su lugar, el sistema se autolegitima a través de necropolíticas que deciden quién muere, quién vive y en qué términos. Recordemos que la ruta canaria es la más mortífera del mundo, y que la mayor parte de migrantes que se embarcan en ella son de África Occidental y el Sahel, algunas de las regiones con mayores tasas de rechazo para acceder al espacio Schengen.

Llevamos ya treinta años viendo cómo llegan personas a las islas en las peores condiciones, pero llevamos muchos más siendo testigos de que cerrar y endurecer fronteras no consigue que lleguen menos. Tampoco darles un trato deshumanizante cuando ya han hecho un viaje que es mortal para demasiados. Hasta que no haya vías seguras para migrar, no dejará de haber muertes en rutas peligrosas y colapsos en la atención y derivación de llegadas.

Este pacto es un retroceso, porque no solo perpetúa los abusos y discriminaciones, sino que los incentiva. De ninguna manera pueden verse el sufrimiento y las muertes que van a seguir sucediendo como una mejora, como un avance o como un logro.

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