Opinión | EL RECORTE

Los trileros

Historia tren

Historia tren

Este es un país muy raro. Uno donde a una mujer, enferma mental, que mata a tres personas a cuchilladas, la condenan a veinticinco años de reclusión en un centro psiquiátrico del que la sueltan pasados diez años para que vuelva a acuchillar a dos empleadas de un supermercado. Uno en el que una cantante, condenada a tres años de talego por delito fiscal, paga medio millón de euros a cambio de no cumplir su condena. Uno en el que malversar y prevaricar es delito en todo el territorio nacional, excepto en Cataluña.

La disimetría de derechos en función de las circunstancias, el territorio o el sexo se ha convertido en carta de naturaleza de una sociedad desquiciada. Ya no somos iguales ante la ley, así que cómo vamos a ser iguales en nada. Y de todas las desigualdades, el mejor dibujo es el de un Estado fracasado con unos ciudadanos que disfrutan de condiciones de vida absolutamente diferentes en función del lugar en el que viven.

Los informes socioeconómicos sobre España establecen la existencia de territorios ricos y pobres –léase ciudadanos– cuya brecha no hace más que ampliarse cada año que pasa. Siempre fue así, pero la democracia no ha hecho más que aumentar las diferencias. El entramado legislativo de nuestro país estableció una serie de vasos comunicantes para trasvasar recursos financieros de un sitio a otro, como el agua de los ríos de unas zonas de abundancia a otras de escasez. Pero el sistema no ha funcionado. Las grandes infraestructuras han ido a caer allí donde existe mayor riqueza. Junto a la España vaciada yace la España maltratada. Una por la que no pasan las grandes autopistas, ni el AVE, ni se instalan los centros de producción industrial, ni las sedes de las empresas.

Nuestro sistema fiscal establece que cada persona o empresa debe aportar a la Hacienda pública una parte proporcional de lo que gana. Y más cuanto más gana. Ese sistema progresivo persigue la redistribución de la riqueza. Lo que estamos haciendo ahora es, simplemente, dinamitarlo. El País Vasco ya es un mundo aparte. Y dentro de muy poco Cataluña se sumará al ejemplo, saliéndose del régimen común de las comunidades autónomas de nuestro país. Esos dos territorios, fiscalmente soberanos, se ausentarán de la corresponsabilidad fiscal en el sostenimiento del Estado. Ya no habrá trasvase de rentas desde esas comunidades ricas a las más pobres. Y se quebrará uno de los principios en los que se asienta nuestra democracia.

Gobierno central y autonomías celebraron ayer una reunión tramposa. Hablaron de los presupuestos para el año que viene y la financiación, pero sin tocar el sistema de reparto del fondo común. Cataluña no fue. Dicen que ellos negocian por su cuenta. Una desvergüenza consentida. Otra más. Como los trileros, mientras nos entretienen con la amnistía política esconden el vaso fiscal, donde está la bolita del dinero. La verdadera soberanía consiste en quedarse con la recaudación de los impuestos. El País Vasco ya la tiene y ahora la quiere Cataluña. ¿Ciudadanos iguales ante la ley? ¿Qué ley?

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